En lo que respecta a la prevención de riesgos, existe el modelo del triángulo del fuego para describir los tres elementos (Combustible, calor y oxígeno) según los cuales, coincidiendo en sus proporciones adecuadas se puede desencadenar un fuego, siendo imposible el mismo si de estos tres elementos fundamentales no se da si quiera uno de ellos. La misma analogía se puede establecer en el caso de un grupo terrorista: Sin una masa social objetivo (combustible) de la que obtener nuevos militantes y apoyo social, los actos terroristas (calor) no pueden propagarse y sin fuentes de financiación relevantes (oxígeno) la organización terrorista se ahogaría en la inactividad resultante de su falta de medios económicos.
Este artículo tiene por fin dar a conocer las fuentes de financiación de la banda terrorista ETA dado el desconocimiento general de las mismas por parte de la sociedad española. Si bien la banda cuenta y ha contado con una importante red de terroristas “legales”, es decir, no fichados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, por lo tanto en una gran parte económicamente autosuficientes al estar integrados en la sociedad y contar con un trabajo legítimo en la mayor parte de los casos, compaginando con este su actividad terrorista, ya sea desde recopilar información para la banda hasta participar activamente en atentados terroristas.
En el caso de la organización terrorista vasca y siguiendo esta lógica, podemos dividir sus fuentes de financiación en torno a cinco grupos principales: Los robos, el tráfico ilícito, la extorsión y los secuestros, la actividad mercantil y por último, las subvenciones públicas.
El expolio etarra
En los inicios del grupo terrorista, el atraco de bancos o el robo de las nóminas de empresas fue una de las principales formas de obtención de ingresos para sus actividades. Desde el año 1965 (año en el que con un comunicado la banda anunciaba el inicio de “la requisa de medios necesarios a la lucha revolucionaria”) hasta 1985 los terroristas perpetraron unos 200 robos contra bancos y empresas por un valor aproximado de 4,5 millones de Euros. Es normal que hoy en día, dadas las medidas de seguridad existentes, hayan abandonado el robo de dinero en efectivo como método para la financiación del entramado terrorista, ya que para la policía le es más fácil detener a un grupo de delincuentes que atracan bancos que a un terrorista que extorsiona a un empresario desde el anonimato.
Así mismo también ha llevado a cabo diversos robos de material con el que perpetrar acciones terroristas. El robo más espectacular que cometió fue el robo en Cantabria de 8 toneladas de Goma-2 en el año 1980. Dos años más tarde consiguió sustraer 112 pistolas “STAR” pertenecientes a la Ertzaintza en una instalación de la Diputación de Guipúzcoa. A mediados de los 80 se optó por la fabricación de explosivos caseros como el Amonal o la Cloratita con productos del mercado legítimo y la instalación de talleres clandestinos de armas, abandonando por un tiempo la sustracción de este tipo de materiales.
(Izq) Armas ligeras encontradas en un zulo de la banda (Der) Explosivos incautados a un comando
A mediados de los años 90 y debido a la presión ejercida contra el entorno de la banda dificultando la financiación de la misma, se hizo necesaria la obtención de los materiales para cometer atentados fuera del mercado legal, por lo tanto ETA volvió a reanudar los robos violentos, sustrayendo 8 toneladas de explosivos y miles de detonadores de la empresa francesa “Titadine” en el año 1999. Desde entonces ha llevado a cabo una miriada de robos en suelo francés de artículos como explosivos o materiales para su fabricación, armas ligeras, troqueladoras de matrículas y materiales para la falsificación de documentos oficiales. En todos estos años nunca ha dejado de robar vehículos.
ETA y el mercado negro
Los ingresos por tráficos ilícitos han sido seguramente para ETA una fuente menor de ingresos, esto no quiere decir que en ocasiones hayan sido significativos y que hayan creado conexiones con otras bandas terroristas.
La banda ha podido estar involucrada desde hace mucho tiempo y de forma ocasional en el tráfico de drogas. Un miembro de ETA político-militar confesó haber estado involucrado en adquisiciones de armas en las que el proveedor obligaba a la compra de una cantidad de heroína junto con las armas. Lo más probable es que esta droga acabase en las calles del País Vasco. Otro caso de narcotráfico asociado a la banda fue la detención en 1995 de José Luis Folgueras, antiguo militante de ETA, en la provincia de Jaén con un cargamento de 150 kilos de cocaína.
Siguiendo esta línea del tráfico de estupefacientes, en el año 2006 se detuvo a dos etarras huidos en Francia a los que se acusó de haber comprado a la Camorra Napolitana armas a cambio de cocaína y hachís. Según el conocido periodista experto en la mafia napolitana Roberto Saviano, esta operación implicaría al clan “Genovese” de la Camorra suministrando armamento por un lado y al grupo narcoterrorista de las FARC colombianas suministrando la cocaína por otro lado. También se hayaron pruebas de la ayuda de ETA en el tráfico ilícito de cocaína en España en el ordenador del dirigente de las FARC Raúl Reyes, recuperado tras la muerte del mismo en una operación militar en el 2008. Por último, en el año 2010 la Ertzaintza detuvo a dos miembros "legales" de ETA en Ondarroa que usaban el menudeo de drogas para financiar su actividad terrorista.
(Izq) Propaganda de Jarrai anti-drogas (Der) Estupefacientes, armas y explosivos incautados a un comando en el 2010.
Otra actividad fraudulenta en la que la banda ha estado implicada ha sido el contrabando de tabaco. Según la justicia alemana y suiza, la banda estuvo implicada entre otras organizaciones en el contrabando de tabaco desde la república helvética donde era recibido para acabar en países como Alemania, Italia o España.
Otro tipo de operación esporádica que también ha rendido beneficios económicos a ETA ha sido la prestación de servicios técnicos a otros grupos terroristas. Así esta constatada la colaboración del grupo vasco con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno, los sandinistas nicaragüenses y la guerrilla salvadoreña entre otras. En Colombia un militante de ETA instruyó en 1988 a integrantes del cartel de Pablo Escobar en la preparación de coches bomba recibiendo a cambio 300.000 dólares. Este fue el punto de inicio de la campaña terrorista llevada a cabo por parte de los narcotraficantes para impedir la extradición de su líder a Estados Unidos.
(Izq) Avión comercial bombardeado por narcoterroristas (Der) Mural proetarras en Venezuela
Desde el año 1992 viene existiendo un vínculo comercial entre las FARC y ETA según el cual los narcoterroristas reciben por un lado cursillos en explosivos, tácticas de terrorismo urbano y establecimiento de empresas fachada, por otro lado ayuda a la hora de introducir cocaína en España y blanquear dinero del narcotráfico, recibiendo los separatistas vascos a cambio dinero, así como contactos con organizaciones izquierdistas latinoamericanas y traficantes de armas de fabricación rusa.
Extorsión y secuestros de empresarios
Es a partir del año 1970 cuando la extorsión a los empresarios comienza a ser una actividad relevante a la hora de obtener financiación para la banda, ya que antes habían recurrido a los robos de bancos y empresas. El chantaje, que se ejerce principalmente a empresarios y profesionales varios, toma dos formas: el secuestro, algunos de ellos acabados con el asesinato del empresario, y las cartas amenazantes apoyadas con hechos contundentes como el asesinato, las lesiones por arma de fuego en las piernas, los atentados contra los negocios y las campañas para boicotear el consumo de sus productos.
El secuestro de empresarios se inició en el año 1972, alcanzando su punto álgido entre finales de los años 70 y principios de los años 80. De los 95 secuestros cometidos por la banda, 70 se contabilizan en la década de 1976 a 1986. Posteriormente esta actividad decayó hasta 1996 cuando pareció detenerse. Entre las causas que se pueden citar para justificar este cambio son la necesidad de una amplia infraestructura para cometer un secuestro y la alta probabilidad de ser detenidos los terroristas durante el mismo. Otra causa fueron los fiascos del prolongado secuestro del funcionario de prisiones Ortega Lara, siendo liberado finalmente por la Guardia Civil a pesar de las medidas de seguridad tomadas por la banda para impedir su liberación, y el secuestro con asesinato a cámara lenta del concejal Miguel Ángel Blanco en 1997, que causó un enorme rechazo entre la sociedad vasca y española.
(Izq) Secuestro de Emiliano Revilla (Der) Secuestro de Cosme Delclaux
Entre los años 2000 y 2004 se volvieron a dar esporádicamente secuestros express en los que el empresario era retenido, amenazado y obligado a firmar un pagaré para la banda terrorista. En su momento se dieron al menos 17 secuestros de estas características.
Las cantidades exigidas a la familia del secuestrado oscilaron de los miles de euros hasta los millones de euros. En la mayor parte de los casos esos rescates fueron pagados por los familiares recurriendo a intermediarios, pero en los casos en los que no fueron capaces de recaudar la cifra exigida , el secuestro acabó en asesinato. El caso más conocido fue del financiero Javier Ybarra, convirtiéndose en el primer asesinado por ETA de la democracia. Otros secuestros relevantes fueron el del médico Julio Iglesias Puga, padre del cantante, el del empresario Emiliano Aldaya, retenido 342 días, y el empresario Emiliano Revilla, liberado por la banda tras 249 días de secuestro.
Las cartas amenazantes remitidas por la banda han tenido un menor rendimiento económico que los secuestros, pero ha sido la actividad mafiosa que más ha durado en el tiempo. Por el momento, la banda terrorista renunció a la extorsión de empresarios en abril del año 2011.
Por lo general, el empresario objeto de la extorsión recibía cinco cartas. En la primera se le informaba de que había sido elegido por su nivel adquisitivo para efectuar un pago de una cantidad entre los 120.000 y 300.000 euros, advirtiéndole de que si se niega a hacer el pago, ETA se sentirá legitimada para ejercer la violencia contra el o sus bienes. La segunda carta, idéntica a la anterior, se envía también a los familiares del empresario. Al medio año, si sigue sin haber sido saldada “la deuda” la banda envía una tercera carta en la que se le da dos meses para hacer el pago, si el empresario se sigue resistiendo, seis meses después se le envía una cuarta carta donde el empresario es declarado un objetivo para ETA. Tras otro año si el profesional sigue sin ceder al chantaje, se le vuelve a exigir el pago con unos intereses del 5% por la demora. También, en los años de la ultima tregua fracasada del PSOE de Zapatero, han utilizado otras cartas con tono amable a empresarios considerados afines de la causa terrorista, pidiéndoles una contribución menor de entre 12.000 y 24.000 euros.
(Izq) Modelo de carta de extorsión (Der) Carta enviada a Manuel Abascal (Abuelo de Santiago Abascal)
La red de extorsión de ETA estaba perféctamente organizada como se puede observar en este esquema, cuando el empresario cedía a las amenazas de los “taldes de presión” solía dirigirse a los representantes del entorno terrorista, ya sea dirigentes de Batasuna, la herriko taberna de su localidad o el famoso bar Faisán de Irún, otras veces incluso dirigentes del PNV, para notificarles su disposición para pagar. Estos a su vez hacían de intermediarios con los miembros de ETA para que se pusiesen en contacto con el y le indicaran la forma de pago.
La extorsión a los empresarios ha pasado por varias etapas en el tiempo, siendo su punto álgido los años entre 1978 y 1986, posteriormente la recaudación se redujo debido a la acción policial. En los años 90 la banda recurrió principalmente a otras fuentes de financiación dada la presencia en las instituciones de la izquierda abertzale. A finales de siglo y sobre todo en el año 2002 la persecución a las organizaciones del entorno etarra y la ilegalización de Batasuna, hace que ETA vuelva a la extorsión de empresarios como fuente de financiación principal, extendiendo las amenazas a pequeños empresarios, comerciantes y profesionales liberales. También se extendió esta práctica geográficamente a Navarra e incluso a Aragón, Madrid, Cataluña y Valencia.
Unida a esta intensificación de la extorsión vienen las campañas de amedrentamiento que llevó a cabo la banda. En el año 2000 asesinó al empresario José María Korta, además de cometer desde entonces 45 atentados contra empresas. También la kale borroka se sumó a la causa cometiendo 900 acciones de terrorismo callejero contra dichos intereses empresariales y llevando a cabo campañas de boicot a las empresas que se habían negado a pagar el impuesto revolucionario.
Según estimaciones, podrían ser unos 10.000 empresarios los que habrían recibido este tipo de cartas de extorsión a lo largo de los últimos 30 años en los que la banda ha venido usando este método, según fuentes policiales entre el 10% y el 20% de los empresarios ceden al chantaje terrorista, comprando su seguridad financiando al terrorismo. Pagar a ETA para que en mate a otra gente no solo es inmoral si no que también es signo de cobardía, es algo que siempre se asume más fácilmente sobre todo cuando se asume como otro impuesto a pagar “Bajo la coartada de la angustia vital y del estado de necesidad, lo que se encuentra muchas veces es el cinismo, la frivolidad y el consentimiento”.
Investigaciones de la Fiscalía Anticorrupcción demostraron que la Hacienda Foral de Vizcaya había creado un registro especial para 118 empresarios, la mayor parte de ellos vinculados al PNV, que alegaban estar sometidos al chantaje de ETA, de esta manera sus declaraciones no podían ser inspeccionadas, tratando de ocultar la asimilación de los pagos a la banda terrorista como otro concepto de gasto deducible en las declaraciones de impuestos. De esta forma se protege y premia a los cobardes que financian el terrorismo y se guarda un silencio con respecto a los verdaderos héroes en todo esto, los empresarios que se niegan a pagar, asumiendo el riesgo y viéndose incluso obligados a dejar su tierra por las amenazas terroristas.
Son pocos los casos que han trascendido de empresarios que paguen a la banda terrorista, en la sección de datos anexos exponemos unos cuantos ¿Quién cede a la extorsión etarra?
Las empresas de ETA
Uno de los antecedentes de empresas controladas por ETA fue la de la desarticulada cooperativa Sokoa, una fábrica de muebles que escondía uno de los mayores arsenales de armas de la banda y la contabilidad de la misma, la cual fue descubierta en 1986 tras una espectacular operación de la policía española y francesa, que con ayuda del Mossad y la CIA, le había vendido a la banda de forma encubierta unos misiles anti-aéreos portátiles que habían sido inutilizados y dotados de un localizador.
El mayor entramado empresarial controlado por ETA-Batasuna conocido y probablemente el de mayores rentas para la banda son las Herriko-Tabernas. Estos bares de usos múltiples comenzaron a establecerse en 1977 bajo diferentes formas jurídicas. Conforme fueron pasando los años su gestión tendió a centralizarse en torno a la empresa Banaka S.A. encargada de gestionarlas y la Comisión Nacional de Herrikos que ejercía el control político. Del suministro de bebidas, alimentos y material de hostelería se encargó la empresa llamada Eneko con filiales como Alberdi-Artetxe, que también eran proveedoras de las Txoznas montadas por Herri Batasuna, Jarrai o Gestoras Pro-Amnistía. En el año 2001 debido a las investigaciones policiales estas fueron sustituidas por Erosgune y Aulki.
Las actividades de las Herrikos consisten principalmente en la explotación del negocio de la hostelería, la venta de merchandising proetarra, la recaudación de fondos mediante huchas y la organización de rifas ilegales. Por supuesto, llevando a cabo estas actividades se han venido absteniendo de pagar IVAs, impuestos de sociedades y de inscribir a sus trabajadores en la seguridad social. Sin embargo las Herriko-Tabernas no solo han servido para actividades mercantiles, si no que han servido para facilitar la logística de atentados terroristas así como de terrorismo callejero, han servido de lugar para reuniones de organizaciones del entorno etarra, se han empleado para como infraestructura para la extorsión de empresarios, la realización de actividades electorales de las sucesivas Batasunas así como la distribución de propaganda de dichas organizaciones.
(Izq) Cooperativa Sokoa (Der) Herriko taberna en Pamplona
En el año 2002, cuando la audiencia nacional decretó la intervención de las Herriko-tabernas debido a su indudable vinculación con el entorno de ETA, había 141 locales de este tipo solo en el País Vasco. Debido a la opacidad económica de estos establecimientos, es muy difícil cuantificar las ganancias de los mismos, sin embargo se estima que durante los años 90 pudieron obtener unos beneficios anuales de 15 millones de euros al año, con una ganancia neta aproximada de 3 millones de euros para financiar a ETA y su entorno.
Las medidas judiciales tomadas contra estos locales resultaron un fracaso, ya que en el año 2005 la mayor parte de dichos establecimientos habían conseguido eludir el control judicial para seguir con sus actividades a la hora de financiar el terrorismo, así como recoger las cuotas de afiliación a Batasuna (estimadas en 3,6 millones de euros) o vender bonos para la campaña electoral del PCTV, el partido que por aquel entonces la izquierda abertzale se había sacado de la manga para sortear la ilegalización de Batasuna. Así mismo en el año 2008, se constató que los partidarios de ETA habían extendido las huchas recaudatorias a 450 bares del país vasco, consiguiendo una recaudación estimada anual de 4,9 millones de euros al año.
Otras entidades vinculadas a la banda fueron Auki, dedicada a los seguros, Martzeliano Etxea, con actividades inmobiliarias y Zartz Komunikazioa especializada en comunicación. Así mismo, la banda a contado también con otras empresas situadas sobre todo en países de Latinoamérica a fin de dar trabajo a etarras residentes en esos países. Como ejemplo sirva Ganeko, dedicada a la organización de viajes a Cuba y que contaba con un servicio de taxis en la isla caribeña en el que estuvieron empleados varios miembros exiliados de ETA.
Las instituciones financian el terrorismo
La ley promulgada en 1987 establecía que los partidos políticos podían obtener tres tipos de subvenciones: En primer lugar, por gastos electorales, siempre y cuando obtuvieran representación en las instituciones y con cargo a las instituciones públicas. En segundo lugar, por los gastos de los grupos parlamentarios en las Cortes Generales y con cargo al estado, o en las asambleas autonómicas con cargo a los gobiernos autonómicos. Y en último lugar, por los gastos ordinarios para el funcionamiento de un partido y con cargo al estado. Lógicamente los partidos promovidos por ETA o absorbidos por la misma también se acogieron a este tipo de subvenciones públicas.
Las distintas administraciones públicas, con la única excepción del estado, que siempre se ha negado a proporcionar dinero a Batasuna, han ido destinando fondos para estos partidos, que entre 1992 y el año 2008 se calcula que han recibido casi 24 millones de euros. Tanto Herri Batasuna, como sus sucesores Euskal Herritarrok y Batasuna fueron beneficiarios de las mismas hasta que con su ilegalización en el año 2002 fueron excluidas de la legalidad. El Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) también fue subvencionado desde el año 2005 hasta el 2008 en el que sus actividades fueron suspendidas. A su vez ANV obtuvo concejalías en varios municipios, haciendo llegar este tipo de financiación conjunta a niveles anteriores a la ilegalización de Batasuna, financiación que volvió a cesar también en el año 2008 al ser ilegalizado y disuelto.
No solo los partidos políticos proetarras de la izquierda abertzale han recibido subvenciones, también otras organizaciones del entorno etarra: La Asamblea de Municipios y Electos Municipales Vascos (Udalbiltza) es fundada en 1999 por iniciativa de ETA a través de EH, como una de las condiciones para que este partido apoyase los presupuestos del PNV, que por aquel entonces se encontraba en minoría parlamentaria. Este acuerdo entre el PNV y ETA fue conocido como el Pacto de Lizarra. Esta financiación hasta el año 2003 se cifró en 3,27 millones de euros bajo la forma de subvenciones que nunca llegaron a saberse cuales fueron sus destinos.
Esta asociación sufrió una escisión al ser expulsados los electos de Batasuna en el año 2001, lo que dio lugar a la creación de Udalbiltza-Kursaal en el que participaban 62 municipios gobernados por dicho partido aportando cada municipio entre un 1 y un 1,4% de su presupuesto, habiendo también obtenido fondos de la unión europea y el gobierno francés. Dichos fondos, que ascendieron a un total de 26 millones de euros fueron transferidas a asociaciones, y de ahí a la propia ETA. En septiembre del 2004 la audiencia nacional procesó a los 22 responsables de esta asociación.
La difusión del euskera y su enseñanza a la población adulta es la actividad de la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización o AEK una labor muy loable de no haber sido ETA la que la controlaba y la utilizaba para obtener financiación y extender su ideología violenta. Dicha entidad surge en 1962 como un movimiento popular y no fue hasta 20 años después cuando se inscribió como una asociación. Los documentos incautados a ETA en 1992 demuestran que formaba parte de las grandes empresas del Proyecto Udaletxe. AEK fué utilizada por ETA para financiar otras inversiones mercantiles como Gadusmar y el grupo Orain (Editor del diario Gara), adquirir sedes para organizaciones proetarras (Como la de Jarrai en Hernani) y pagar los gastos de la revista Ezpala, de Gestoras Pro-Amnistía o los vehículos empleados por dirigentes de Batasuna.
En su larga trayectoria AEK ha acumulado un importante patrimonio, en el año 1998 formaban parte de ella 150 escuelas o euskalteguis, la mayor parte de ellos bajo el control de los batasunos. Con el fin de eludir el pago de impuestos, constituyó en 1996 Galgaraka, una empresa que se encargaba de subcontratar a los profesores. La deuda que acumulaba con la seguridad social esta empresa era de 4,6 millones de euros entre 1995 y 1999. Esta coordinadora también gestionó la obtención de los programas de apoyo al euskera del gobierno vasco, diversos ayuntamientos, aportaciones de empresas y otras entidades, además de rifas, con las que al menos logró 19,5 millones de euros destinados al entramado terrorista.
Korrika del 2009 organizada por AEK, no falta la propaganda proetarra
En 1976 varias personas afines a la banda terrorista fundan la sociedad anónima Orain con el fin de editar un periódico de corte abertzale, el diario Egin. Debido a diferencias internas, no es hasta 1980 cuando este medio queda supeditado a ETA. Como grupo Orain se conoce el entramado empresarial que rodeaba a dicho medio. En los últimos años de la década de los 80 el diario Egin comienza a tener problemas económicos y es a mediados de los 90 cuando los gastos empiezan a superar a los ingresos derivados de la publicación de dicho medio.
Dados estos problemas, los abertzales proceden al trasvase de dinero a este medio desde otras organizaciones controladas por ETA, en 1993 AEK transfiere 168.000 euros al medio y en 1997 la herriko taberna de Santutxu otros 60.000 euros entre otras formas de financiación para el medio. En 1998 el periódico deja de publicarse debido a una decisión judicial, por entonces su deuda con la seguridad social asciende a los 4,9 millones de euros. Medio año después, las mismas personas con los mismos medios materiales comienzan a publicar el diario Gara, que ha asegurado la continuidad de la prensa proetarra hasta nuestros días.
Portada del diario Gara, vocero del terrorismo vasco
Otro caso de prensa controlada por ETA es el del diario Egunkaria que empezó a editarse en 1990 como un periódico íntegramente en vasco. No solo fue un medio de propaganda para la banda si no que tomó parte activa en el proyecto Udaletxe, donde sirvió para blanquear dinero, captar recursos y financiar al entorno proetarra, generando para ello un entramado de empresas con el fin de falsear datos contables, ocultar fondos y defraudar a las haciendas forales. En el año 2000 el Egunkaria declaró unas pérdidas de 24.000 euros cuando tenía unas ganancias reales de 288.000 euros, eludiendo así una deuda tributaria de 100.000 euros.
A partir de 1994 el gobierno vasco financió el diario Egunkaria bajo el pretexto de la promoción del euskera en los medios, el Egunkaria declaraba unas ventas de 5,1 millones de ejemplares al año cando realmente no llegaban a los 3 millones, todo esto con el fin de recibir subvenciones aun más abultadas. En el año 2003 la audiencia nacional clausura el medio y procesa a sus ejecutivos por asociación ilícita de carácter terrorista. Egunkaria recibió 10,5 millones de euros en subvenciones públicas y 17 millones de origen desconocido. Esquema del entramado del Grupo Egunkaria
No solo el Egunkaria recibió ayudas públicas del gobierno vasco. La fundación Elkargintza Elkarlanean, presidida por José María Sors, la misma persona que había urdido la trama empresarial del Egunkaria, organizaba a 23 empresas editoriales relacionadas con el entorno de los terroristas, obteniendo de esta forma 20,7 millones de euros en subvenciones del año 1993 al año 2002.
Uno de los frentes más importantes para la banda es el de los presos, ya que este apoyo ha sido muy importante para mantener la disciplina interna de la organización, así como presentar una imagen de fortaleza frente a los que los apoyan y de victimísmo de cara a la sociedad. A las Gestoras Pro-amnistía se le encomienda prestar ayuda económica tanto a los presos como a sus familiares, así como transmitir información y vigilar la permanencia de los presos en la ortodoxia etarra.
La financiación de esta organización alegal correspondió principalmente durante los años 90 a la trama de Udaletxe, que dedicaba el 30% de sus fondos a las gestoras, siendo repartido el restante entre Batasuna (50%) y KAS (20%). Otras formas de financiación fueron las rifas y las txoznas establecidas en los espacios cedidos por los municipios durante las fiestas populares. Cuando las Gestoras Pro-administía fueron ilegalizadas al igual que su sucesora Askatasuna, fue el propio gobierno vasco el que se encargó de dar ayudas a las familias de los presos vascos, eufemismo para referirse a los presos de ETA. De esta forma el ejecutivo vasco sustituye a la banda terrorista a la hora de financiar su frente penitenciario, encabezado ahora por Etxerat.
Por otra parte, también han sido otros ayuntamientos bajo el control de los nacionalistas (PNV, EA, HB/EH/Batasuna/PCTV/ANV/Bildu) los que han sufragado gastos de las familias o los propios presos. Un ejemplo son Andoain, Ibarra, Azcoitia, Zizurkil, Mondragón, Legazpi, Getxo, Atxondo, Berriz y Elorrio. Solamente en el caso de Andoain un alcalde y un concejal han sido llevados ante la ley por un delito de prevaricación.
Conclusión
Como ya hemos afirmado, la financiación de una banda terrorista es una pieza clave en el entramado de la misma, ya que si el dinero no fluye por las venas de las financias etarras, el cuerpo del terrorismo se moriría. A pesar de que las investigaciones resulten más complejas debido a la necesidad de peinar un número incontable de transacciones legítimas, el frente financiero en la lucha antiterrorista es tan importante como el frente de acción contra la estructura “militar” o logística de la misma.
Como se puede ver, la principal forma de financiación para el entramado etarra a lo largo de su historia han sido las subvenciones públicas, a día de hoy (octubre del 2012) salvo en contadas excepciones la banda ha renunciado (por el momento) a los robos, los secuestros y la extorsión directa. La banda se encuentra latente con un escaso número de miembros, esperando los resultados de la negociación del ejecutivo popular con los terroristas. No necesita mantener una gran infraestructura de militantes en la clandestinidad ni una serie de comandos dispuestos a cometer atentados, por lo tanto con la financiación recibida mediante la sustracción de fondos públicos que es obtenida en los ayuntamientos de Bildu y en menor medida las aportaciones recibidas desde su entorno, le es suficiente para su escasa estructura.
La economía de una banda terrorista puede ser definida como una economía de depredación, ya que al contrario que en una economía de guerra convencional, en la que se busca un aumento de la producción de los bienes estratégicos, en el caso de una guerra asimétrica, como puede ser definido el terrorismo, es el decrecimiento de la economía de la sociedad en la que se desarrolla otro de los muchos perjuicios que ocasiona dicha actividad. Se calcula que la actividad terrorista de ETA ha impactado de forma negativa en el PIB del País Vasco empobreciendolo en torno a un 20%.
Año
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Materiales robados
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1999
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Empresa Titadine (Francia) 8.350 kg de dinamita, 11.000 m de cordón detonante, 1.142 detonadores pirotécnicos y 4.612 detonadores eléctricos.
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2000
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Cantera Asson (Francia): 15 kg de dinamita, 800 m de cordón detonante y 100 detonadores. Estación de esquí de Guzet-Neige (Francia): 48 kg de dinamita.
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2001
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Empresa Titadine (Francia): 1.600 kg de dinamita, 20.000 detonadores. Mondragón: Una troqueladora. San Sebastían: Placas de matrículas de vehículos de la policía municipal.
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2002
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Empresa Disprauto: Dos troqueladoras y 250 placas de matrícula. Abadiño: Una troqueladora y placas de matrícula. Empresa de Lasarte: 18.000 €. Empresa de Jonzac (Francia): Centenares de matrículas para vehículos.
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2005
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Almacén de fertilizantes de Saint-Benoit (Francia): 4.000 kg de clorato de sodio. Empresa Fasver (Francia): Material para la elaboración de documentos oficiales (DNI y pasaportes). Empresa de Ruán (Francia): 1.280 kg de polvo de aluminio.
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2006
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Gramat (Francia): Armas y uniformes de dos gendarmes. Empresa de Replonges (Francia): Dos troqueladoras y 30.000 placas de matrícula. Empresa de Vauvert (Francia): 350 pistolas, municiones y piezas de repuesto.
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2007
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Empresa de Bischojjsheim (Francia): 44 kg de pastillas de hexamina. Laboratorios Laberna de La Grand-Croix (Francia): 2.000 l de nitrometano.
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- José Luis Areizaga, propietario de una tienda de material deportivo en Tolosa (Guipuzcoa) Detenido e imputado en el año 2004 por colaborar con ETA, admitió ante el juez haber pagado a la banda 3000€ y posteriormente haber hecho entrega de material deportivo por valor de otros 3000€ para los terroristas presos. Según los papeles incautados a ETA estos pagos habrían sido hechos de forma voluntaria, sin embargo el empresario dijo haber actuado por miedo, el juez decretó su puesta en libertad.
- Caso Azcoyen. En el 2004 la audiencia nacional supo que la empresa fabricante de máquinas expendedoras Azcoyen había pagado 200.000 € a ETA en el 2001. Fueron procesados José María Careaga, Francisco Elizalde, Ricardo Armendáriz, Ignacio Orbaiceta, Jesús Marcos Calahorra, Ignacio Moreno. Todos ellos fueron puestos en libertad bajo fianza de 20.000 €. También fue imputado e ingresado en prisión el profesor de la UPV Alfonso Martínez Lizarduikoa por hacer de intermediario en el pago. Fue puesto en libertad por motivos de salud bajo una fianza de 30.000 €.
- Caso Esparza. En el acta de acusación a Iñaki Esparza y sus colabores (los nombres no han trascendido) se mencionan dos actos de extorsión entre el 2001 y 2004. Según la sentencia, uno de ellos, dueño de un garaje en Guipuzcoa “había entregado la suma exigida sin rechistar, pues estaba muerto de miedo, ya que uno de sus amigos había sido asesinado por ETA”, el otro, un constructor de vizcaíno, escalonó el pago de la cantidad exigida.
- Caso Azysa. En el año 2007 los socios de esta empresa, José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui, fueron extorsionados y, según su auto de procesamiento, pagaron 54.000 € haciendo constar que “entregaban ese dinero a ETA con carácter voluntario y con el fin de favorecer el el Proyecto de Paz”.
- Caso de los cocineros. En el año 2004 el etarra José Luis Beotegui declara ante el juez que los cocineros Pedro Subijana y Juan María Arzak habían pagado a ETA 36.000 € respectívamente. Así mismo también declaró que había hecho llegar sendas cartas de extorsión a Karlos Arguiñano y Martín Berasategui, los cuales declararon no haber hecho ningún pago a ETA. Se da la circunstancia de que dicho terrorista estaba emparentado con la esposa de Arzak y vivía en una casa cedida por este. Finalmente el fiscal decidió no acusar a ambos cocineros de colaboración con banda armada.
- Hermanas Bruño. En el año 2008 la guardia civil detuvo a María Isabel y Blanca Rosa Bruño bajo la acusación de haber pagado voluntariamente a ETA, hecho que fue conocido al ser incautada una carta al dirigente Xabier López Peña (Thierry) donde les agradecía la contribución de 6000€ y las “animaba a que en el futuro sigan haciendo aportaciones económicas para el proceso de liberación”. Se da la circunstancia de que el padre de estas, alcalde de Usurbil por el PNV, también fue extorsionado en 1980. Finalmente ambas fueron puestas en libertad bajo fianza de 20.000
- Caso Sidenor. También en el 2008, y también debido a los papeles de Thierry, la guardia civil detuvo al consejero delegado de Sidenor José Antonio Jainaga, que presuntamente había pagado a la banda 90.000€. El negó las imputaciones y salió en libertad. Por estos hechos también fue cuestionado Sabino Arrieta, ex-presidente de la empresa y miembro del PNV.
- Caso Amenábar. También en el año 2008 y por alusiones en los papeles de Thierry, las instalaciones de la constructora Amenábar fueron registradas bajo la sospecha de haber pagado 200.000€ a la banda, acusación que fue desmentida por los responsables. Esta empresa, que participa en la construcción del AVE en el país vasco ha sufrido varios atentados
Agradecimientos
Este artículo está basado en su práctica totalidad en las investigaciones del vizcaíno Mikel Buesa, que ostenta la cátedra en economía del terrorismo en la Universidad Complutense de Madrid.
