Sobre la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias

¿Padece usted de “catetismo monolingüe”, y no lo sabía? Si es así, no se preocupe. El euskogobierno de Navarra, con el médico Koldo Martínez ayudando desde el Parlamento, van a venir a curarle.  En el fondo, nos van a recetar la misma medicina que ya se ha administrado en otras CC.AA. como Cataluña, pero que aquí puede resultar desconocida. El objetivo es, en última instancia, curar un monolingüismo para transformarlo en otro, con más o menos anestesia según los signos de sufrimiento del paciente.  Entre uno y otro hito, se trata de hacer pasar a la sociedad por una fase de bilingüismo forzado, para lo que no van a escatimar ni recursos económicos ni la propaganda que haga falta, como estamos viendo en esta especie de convalecencia en la que estamos sumidos actualmente, a la espera de recuperar la salud que nos prometen.

Para conseguir su objetivo, el euskogobierno se va a basar en las recomendaciones del “Cuarto Informe sobre Lenguas Regionales o Minoritarias” del Consejo de Europa, emitido por un Comité de Expertos preocupados por la conservación del patrimonio cultural allí donde se encuentre. 

Conviene recordar que dicho Consejo de Europa no es ninguna institución de la Unión Europea como la conocemos, sino una organización internacional de la que España forma parte como casi todos los estados del continente, incluida Rusia y Armenia, por poner dos ejemplos.  Se funda en 1949 con el fin de fomentar la cooperación europea para la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía, y su labor normativa se caracteriza por limitarse a aspectos específicos de la protección de los bienes culturales, para que los convenios adoptados complementen los textos generalistas del ámbito universal. 

¿Y por qué se supone que hay que hacer caso a esas recomendaciones? Porque España ya firmó en el año 1977 su adhesión a este organismo, y ratificó en el año 2001 la “Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias”, que es el documento marco que justifica los informes posteriores que los expertos han ido emitiendo. 

   

Entonces, ¿cuál es el problema con este Informe?  La cuestión es que sus conclusiones se prestan a tal manipulación y tergiversación que estas actitudes son aprovechadas por todas las administraciones e instituciones separatistas, sin excepción. Algunas comunidades autónomas se han remitido al Informe para reclamar políticas de plena inmersión lingüística en las lenguas regionales, pudiendo negar el derecho a recibir la enseñanza en español a los que así lo deseen. Esto es una manipulación de lo que se dice realmente, de lo que establece la propia Carta originaria y de los compromisos adquiridos por España al ratificarla.  Es más, algunos expertos piensan que tales políticas van en contra de las recomendaciones de la UNESCO sobre enseñanza en lengua materna, contra la “Convención Europa de los Derechos Humanos”, la “Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea” y la “Declaración Universal de Derechos Lingüísticos” (art. 24).  

En realidad, lo que el Informe y la Carta pretenden es proteger la riqueza cultural, expresada a través de los idiomas regionales, en el lugar donde se hablen. La Carta no se concibe como un instrumento de protección de los “derechos lingüísticos”, término que no se menciona. Así, las lenguas regionales son percibidas como elementos quizás amenazados (por tener menos hablantes), que necesitan un determinado grado de protección para que no desaparezcan totalmente. Esto mismo se ha hecho también con otros elementos del patrimonio cultural, por ejemplo, los monumentos (“Carta de Venecia” de 1964) o bien los elementos inmateriales como las tradiciones religiosas (Convención de la UNESCO de 2003), así que se incluiría dentro de la misma lógica protectora del patrimonio cultural. 

 

En otro orden de cosas, mirando a nuestro alrededor, hay países como Francia que nunca ha llegado a ratificar dicha Carta, por ser contraria a los principios enunciados en su Constitución. Así que no todos los países están dispuestos a obedecer recomendaciones que no son vinculantes.  Ya en 1999, el Consejo Constitucional francés emitió sus reservas a la ratificación, ya que consideraba que la Carta atenta contra los principios constitucionales de indivisibilidad de la República Francesa, de igualdad de los ciudadanos ante la ley y los servicios públicos, y de unidad del pueblo francés. Es decir,  no son cuestiones de matiz, sino de grave calado.  Después de haberlo discutido mucho a lo largo del año 2015, el Senado francés rechazó finalmente su ratificación, recordando que los principios fundamentales de la República se oponen a que se reconozcan derechos colectivos a cualquier grupo cuando aparecen definidos por su origen, cultura, lengua o creencias.

Volviendo a nuestra tierra, el día 4 de febrero de 2016, en el marco del pleno de control al Gobierno en el Parlamento Foral, la portavoz Ana Ollo respondió, a una pregunta de Geroa Bai, que “es voluntad de este Gobierno velar por la garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía de Navarra” y señaló que “el Ejecutivo seguirá por el camino de atender las recomendaciones del Consejo de Europa sobre las lenguas minoritarias”.   Para añadir que “el euskera necesita un proceso de recuperación del que toda la ciudadanía de Navarra se beneficiará”. 

El médico Koldo Martínez mostró su alegría porque, según dijo, "por primera vez en nuestra historia se atienden las recomendaciones del Consejo de Europa. Son los primeros seis meses del nuevo Gobierno, un Gobierno volcado en un cosmopolitismo enriquecedor, que nada tiene que ver con el catetismo monolingüe de gobiernos anteriores. Este Gobierno trabaja de verdad por hacer realidad los derechos de todos los navarros”. 

Ahora juzguen ustedes si, de todo lo dicho, de verdad pueden deducirse las palabras de la Sra. Ollo y del Sr. Martínez, y si necesitan curarse de alguna enfermedad cuya existencia desconocían.

Calíope