Son los “mantras” de
moda: el del propagandístico “desarme” de ETA, previsto para el próximo 8 de
abril, entre los secesionistas de cualquier latitud y calaña de nuestra
convulsa España; el de la disolución y ulterior acercamiento de los presos de
ETA, entre los políticos “constitucionalistas” (PP, PSOE, mass-media...).
A juicio de los
filoterroristas de toda clase, por medio del presunto e inmediato desarme se estaría
dando un paso definitivo para “el cese de la violencia”: los presos terroristas
a casa. Y, en segundo lugar, como una fase ya en marcha, a tope en la
vampirización del “relato”; de modo que la “lucha” terrorista habría tenido
sentido, habría sido “justa” y sus verdugos, unos adelantados a su tiempo, quienes
“sacrificaron” sus vidas por un “gran ideal” en un contexto político y social
perlado de contradicciones e injusticia intolerables. Nos quieren “vender la
moto”; de hecho, el mismísimo Gobierno de Navarra ya nos la está vendiendo
siempre que puede: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/03/13/II+Jornadas+PCDDHH.htm.
Para Gobierno central y
demás, tras la disolución de la banda podrían darse “pasos positivos” y “gestos
individuales”, refiriéndose al “acercamiento” de los presos de la banda a prisiones
más cercanas a sus antiguos domicilios respectivos, incluso a las del País
Vasco y Navarra.
Materialmente sería
posible: una veintena de ellos, los navarros, a la prisión de la colina de
Santa Lucía de la capital navarra. Los demás, a las de Araba-1 y,
ulteriormente, a la de Basauri y a la nueva en construcción en las afueras de
San Sebastián. En todo caso, la de Araba-1 está ocupada en poco más de un 70%
de su capacidad, por lo que podría acoger a todos ellos; incluso lo que todavía
recalan en las jamás amables prisiones francesas. Y es que, en total, en España
apenas quedan 260 etarras purgando penas en prisión.
La cuestión de las
transferencias penitenciarias que viene reclamando el Gobierno Vasco, y
tímidamente también el navarro, realmente no es una cuestión decisiva en este
contexto, pues únicamente son transferibles las competencias de ejecución, de
modo que la máxima potestad al respecto seguiría residiendo en el Gobierno
central… siempre que estuviera dispuesto a ejercerla. ¿Lo está?
Pero, en todo caso, ¿dónde
están todos los demás etarras, hasta sumar más de 650, que se contabilizaban en
las prisiones españolas apenas 5 años atrás?
Muchos ya han
extinguido condena (y cada excarcelación fue y sigue siendo una fiesta
escandalosa generalmente tolerada por los poderes públicos; quienes alegan
impotencia o legalismos incomprensibles), algunos han sido excarcelados por
motivos de salud (tan “malitos” que suelen ser vistos más que alegres de txikiteo en ruta por sus pueblos), unos
poquitos se han acogido a la vía Nanclares o similares… En cualquier caso, el
tiempo ha sido una eficaz herramienta para el olvido… al servicio del “punto
final sin vencedores ni vencidos”. Y ello, haya habido negociación entre los
sucesivos gobiernos españoles y ETA, o la intolerable situación actual más se
explique por incompetencia, comodidad, rutinas… y no poca maldad.
De modo que, unos pocos
años más y, aparentemente, sólo aparentemente, el “problema” se habrá agotado
por sí mismo.
Mientras tanto, algunos
jueces, en lugar de proteger a los españoles y trabajar por su justicia,
prefieren encausar al gobierno legal sirio de Bashar al-Assad (http://www.publico.es/politica/audiencia-nacional-investigara-terrorismo-exterminio.html)
en lugar de ponerse las pilas -y ponérselas a los nuevos dirigentes de la
cúpula policial del Ministerio del Interior español- e investigar de una vez
los cientos de atentados terroristas todavía hoy sin esclarecer. Y es que a
muchos les gusta más un titular, o favorecer que Al-Nusra y Al Qaeda tengan vía
libre en sus esfuerzos por implantar finalmente su régimen de terror, que trabajar
en firme en sus obligaciones principales.
En cualquier caso, ambos
mantras son puras falsedades: mentiras absolutas y, sobre todo, cínicas
cortinas de humo.
El terrorismo no se
acaba ni con el desarme ni con la disolución de ETA.
Los efectos del terrorismo
consisten (en su implacable lógica interna) en la implantación de un estado de
terror en una sociedad con fines ideológicos mediante atentados contra la
integridad personal, la convivencia social y sus valores, y los bienes económicos
privados o públicos. Y sus efectos son de muy larga duración. Si a alguna
imagen del mundo físico y orgánico podemos remitirnos al tratar de
describirlos, es a un veneno de extrema toxicidad y muy largo efecto; por
ejemplo, la ingesta masiva de aceite de colza desnaturalizado y de uso
industrial, del que España sufrió una terrible prueba casualmente en los años
de máxima mortandad causada por el terrorismo. De hecho, las víctimas supervivientes
–diezmadas por décadas de sufrimientos de todo tipo- siguen con sus vidas
destrozadas y todavía reclamando justicia. Triste paralelismo que mucho dice de
las miserias acreditadas por los poderes públicos respecto a los más débiles a
quiénes se debían.
De entrada: ¡quedan más
de 320 asesinatos por resolver! Pero cada asesinato conllevó, además de sus
ejecutores materiales, una red de colaboradores necesarios, informadores y jefes que lo ordenaron. Es mucho, pues, el
trabajo de investigación policial y judicial pendientes. Con el desarme, la
disolución y el acercamiento, ¿acaso se extinguen los delitos de terrorismo?
No, evidentemente. Pero para qué tal principio jurídico no quede anulado por
una política de hechos consumados e inmovilismo judicial, los crímenes sin
resolver deben ser investigados, encausados y juzgados. Así Juan Fernando Fernández
Calderín, autor del estremecedor Agujeros
del sistema (Ikusager Ediciones, Vitoria, 2015), afirma que “Si un crimen
resuelto es aquel en el que han sido condenados todos los implicados, el número
de asesinatos de ETA sin resolver roza cotas de impunidad brutales”.
Pero vamos mal de
fechas, pues muchos de tales crímenes están a punto de prescribir.
Es lamentable que
tengan que ser los particulares, las propias víctimas, las que insten los
pertinentes mecanismos judiciales y los pongan en movimiento; después de
décadas de sufrimientos y abandono. Hay algunas lucecitas de esperanza, como
cuando la Fundación Villacisneros logró reabrir la causa del asesinato en
Beasain, de los llamados “novios de Cádiz” el 6 de enero de 1979 (http://www.eldiario.es/politica/Fundacion-Villacisneros-reabrir-ETA-resolver_0_601240332.html),
a saber: los del guardia civil Antonio Ramírez Gallardo, de 24 años, y su novia
Hortensia González Ruiz, de 20 años, naturales ambos de Cádiz. La Audiencia
Nacional sobreseyó la causa el 30 de marzo de 1979 “por falta de autor
conocido”. Lamentable. Sin embargo, en 1981 la investigación podría haberse
reabierto al ser capturado Juan Antonio Madariaga Erezuma, responsable de
información de uno de los sucesivos “Comandos Madrid”, en cuyo domicilio
madrileño se requisaron dos pistolas, una de las cuales habría percutido 3 de
las vainas empleadas en el asesinato de
la pareja gaditana. En los interrogatorios, Madariaga proporcionó varios
nombres de etarras. La Audiencia Nacional trasladó ambas pesquisas al
Ministerio del Interior para su investigación, pero el fiscal interesó el
archivo de las diligencias. ¡Nada de ello se informó a los familiares ni a sus
representantes legales! ¿Incompetencia? Pues alguien, fiscal o mando policial,
también debería responder ante la Justicia.
Pero apenas hemos mencionado
uno de varios cientos de casos abiertos todavía sangrantes…
Hay que decirlo muy
claro: si se ha llegado a esta situación es, ante todo, por la indiferencia de
los dirigentes de los diversos aparatos del Estado ante el sufrimiento de sus
servidores y demás ciudadanos golpeados por los terroristas. ¿Cómo es posible
que no se hayan puesto a su disposición todos los medios para esclarecer tales
crímenes? ¿Por incompetencia, por comodidad, por falta de perspicacia o… con
vistas a una política más o menos cercana de “punto final”?
Si a la sociedad civil
corresponde movilizarse para evitar el agotamiento de la vía judicial, se
impone también, por la vía de los hechos y como último recurso, la vigilancia
de los responsables de tamaño ejercicio de cinismo político cortoplacista;
auténtica vulneración de los derechos humanos más básicos de los más débiles.
Sila
Félix
