Desarme, disolución y acercamiento: mantras al servicio de la mentira, la injusticia y el oprobio

Son los “mantras” de moda: el del propagandístico “desarme” de ETA, previsto para el próximo 8 de abril, entre los secesionistas de cualquier latitud y calaña de nuestra convulsa España; el de la disolución y ulterior acercamiento de los presos de ETA, entre los políticos “constitucionalistas” (PP, PSOE, mass-media...).

A juicio de los filoterroristas de toda clase, por medio del presunto e inmediato desarme se estaría dando un paso definitivo para “el cese de la violencia”: los presos terroristas a casa. Y, en segundo lugar, como una fase ya en marcha, a tope en la vampirización del “relato”; de modo que la “lucha” terrorista habría tenido sentido, habría sido “justa” y sus verdugos, unos adelantados a su tiempo, quienes “sacrificaron” sus vidas por un “gran ideal” en un contexto político y social perlado de contradicciones e injusticia intolerables. Nos quieren “vender la moto”; de hecho, el mismísimo Gobierno de Navarra ya nos la está vendiendo siempre que puede: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/03/13/II+Jornadas+PCDDHH.htm.

Para Gobierno central y demás, tras la disolución de la banda podrían darse “pasos positivos” y “gestos individuales”, refiriéndose al “acercamiento” de los presos de la banda a prisiones más cercanas a sus antiguos domicilios respectivos, incluso a las del País Vasco y Navarra.

Materialmente sería posible: una veintena de ellos, los navarros, a la prisión de la colina de Santa Lucía de la capital navarra. Los demás, a las de Araba-1 y, ulteriormente, a la de Basauri y a la nueva en construcción en las afueras de San Sebastián. En todo caso, la de Araba-1 está ocupada en poco más de un 70% de su capacidad, por lo que podría acoger a todos ellos; incluso lo que todavía recalan en las jamás amables prisiones francesas. Y es que, en total, en España apenas quedan 260 etarras purgando penas en prisión.

La cuestión de las transferencias penitenciarias que viene reclamando el Gobierno Vasco, y tímidamente también el navarro, realmente no es una cuestión decisiva en este contexto, pues únicamente son transferibles las competencias de ejecución, de modo que la máxima potestad al respecto seguiría residiendo en el Gobierno central… siempre que estuviera dispuesto a ejercerla. ¿Lo está?

Pero, en todo caso, ¿dónde están todos los demás etarras, hasta sumar más de 650, que se contabilizaban en las prisiones españolas apenas 5 años atrás?

Muchos ya han extinguido condena (y cada excarcelación fue y sigue siendo una fiesta escandalosa generalmente tolerada por los poderes públicos; quienes alegan impotencia o legalismos incomprensibles), algunos han sido excarcelados por motivos de salud (tan “malitos” que suelen ser vistos más que alegres de txikiteo en ruta por sus pueblos), unos poquitos se han acogido a la vía Nanclares o similares… En cualquier caso, el tiempo ha sido una eficaz herramienta para el olvido… al servicio del “punto final sin vencedores ni vencidos”. Y ello, haya habido negociación entre los sucesivos gobiernos españoles y ETA, o la intolerable situación actual más se explique por incompetencia, comodidad, rutinas… y no poca maldad.

De modo que, unos pocos años más y, aparentemente, sólo aparentemente, el “problema” se habrá agotado por sí mismo.

Mientras tanto, algunos jueces, en lugar de proteger a los españoles y trabajar por su justicia, prefieren encausar al gobierno legal sirio de Bashar al-Assad (http://www.publico.es/politica/audiencia-nacional-investigara-terrorismo-exterminio.html) en lugar de ponerse las pilas -y ponérselas a los nuevos dirigentes de la cúpula policial del Ministerio del Interior español- e investigar de una vez los cientos de atentados terroristas todavía hoy sin esclarecer. Y es que a muchos les gusta más un titular, o favorecer que Al-Nusra y Al Qaeda tengan vía libre en sus esfuerzos por implantar finalmente su régimen de terror, que trabajar en firme en sus obligaciones principales.

En cualquier caso, ambos mantras son puras falsedades: mentiras absolutas y, sobre todo, cínicas cortinas de humo.

El terrorismo no se acaba ni con el desarme ni con la disolución de ETA.

Los efectos del terrorismo consisten (en su implacable lógica interna) en la implantación de un estado de terror en una sociedad con fines ideológicos mediante atentados contra la integridad personal, la convivencia social y sus valores, y los bienes económicos privados o públicos. Y sus efectos son de muy larga duración. Si a alguna imagen del mundo físico y orgánico podemos remitirnos al tratar de describirlos, es a un veneno de extrema toxicidad y muy largo efecto; por ejemplo, la ingesta masiva de aceite de colza desnaturalizado y de uso industrial, del que España sufrió una terrible prueba casualmente en los años de máxima mortandad causada por el terrorismo. De hecho, las víctimas supervivientes –diezmadas por décadas de sufrimientos de todo tipo- siguen con sus vidas destrozadas y todavía reclamando justicia. Triste paralelismo que mucho dice de las miserias acreditadas por los poderes públicos respecto a los más débiles a quiénes se debían.

De entrada: ¡quedan más de 320 asesinatos por resolver! Pero cada asesinato conllevó, además de sus ejecutores materiales, una red de colaboradores necesarios, informadores y  jefes que lo ordenaron. Es mucho, pues, el trabajo de investigación policial y judicial pendientes. Con el desarme, la disolución y el acercamiento, ¿acaso se extinguen los delitos de terrorismo? No, evidentemente. Pero para qué tal principio jurídico no quede anulado por una política de hechos consumados e inmovilismo judicial, los crímenes sin resolver deben ser investigados, encausados y juzgados. Así Juan Fernando Fernández Calderín, autor del estremecedor Agujeros del sistema (Ikusager Ediciones, Vitoria, 2015), afirma que “Si un crimen resuelto es aquel en el que han sido condenados todos los implicados, el número de asesinatos de ETA sin resolver roza cotas de impunidad brutales”.

En realidad ni siquiera existen datos fiables y oficiales. Un informe de 2010 de la Fiscalía de la Audiencia Nacional (http://www.fmiguelangelblanco.es/estudio-del-observatorio-contra-la-impunidad-sobre-el-informe-de-la-fiscalia-de-la-audiencia-nacional/) cifraba, ya entonces, en 314 los asesinatos sin resolver. Pero ello sin incluir no menos de 70 perpetrados con anterioridad a la amnistía de 1977 que quedaron impunes.

Otro dato terrorífico: según un informe del diario ABC publicado en 1996 (http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1996/01/31/024.html), de los 676 terroristas amnistiados se habrían reincorporado a sus organizaciones terroristas, reincidiendo, un 55%. Es evidente que alguien, con mucho poder, no ha hecho bien sus deberes: por incapacidad o a sabiendas.

Pero vamos mal de fechas, pues muchos de tales crímenes están a punto de prescribir.

Es lamentable que tengan que ser los particulares, las propias víctimas, las que insten los pertinentes mecanismos judiciales y los pongan en movimiento; después de décadas de sufrimientos y abandono. Hay algunas lucecitas de esperanza, como cuando la Fundación Villacisneros logró reabrir la causa del asesinato en Beasain, de los llamados “novios de Cádiz” el 6 de enero de 1979 (http://www.eldiario.es/politica/Fundacion-Villacisneros-reabrir-ETA-resolver_0_601240332.html), a saber: los del guardia civil Antonio Ramírez Gallardo, de 24 años, y su novia Hortensia González Ruiz, de 20 años, naturales ambos de Cádiz. La Audiencia Nacional sobreseyó la causa el 30 de marzo de 1979 “por falta de autor conocido”. Lamentable. Sin embargo, en 1981 la investigación podría haberse reabierto al ser capturado Juan Antonio Madariaga Erezuma, responsable de información de uno de los sucesivos “Comandos Madrid”, en cuyo domicilio madrileño se requisaron dos pistolas, una de las cuales habría percutido 3 de las vainas empleadas en el  asesinato de la pareja gaditana. En los interrogatorios, Madariaga proporcionó varios nombres de etarras. La Audiencia Nacional trasladó ambas pesquisas al Ministerio del Interior para su investigación, pero el fiscal interesó el archivo de las diligencias. ¡Nada de ello se informó a los familiares ni a sus representantes legales! ¿Incompetencia? Pues alguien, fiscal o mando policial, también debería responder ante la Justicia.

Pero apenas hemos mencionado uno de varios cientos de casos abiertos todavía sangrantes…

Hay que decirlo muy claro: si se ha llegado a esta situación es, ante todo, por la indiferencia de los dirigentes de los diversos aparatos del Estado ante el sufrimiento de sus servidores y demás ciudadanos golpeados por los terroristas. ¿Cómo es posible que no se hayan puesto a su disposición todos los medios para esclarecer tales crímenes? ¿Por incompetencia, por comodidad, por falta de perspicacia o… con vistas a una política más o menos cercana de “punto final”?

Si a la sociedad civil corresponde movilizarse para evitar el agotamiento de la vía judicial, se impone también, por la vía de los hechos y como último recurso, la vigilancia de los responsables de tamaño ejercicio de cinismo político cortoplacista; auténtica vulneración de los derechos humanos más básicos de los más débiles.

Sila Félix