Los funcionarios en el punto de mira del secesionismo

El cataculebrón continua; el diputado autonómico de JXSi Luis Llach amenaza a los funcionarios que prestan sus servicios en las distintas Administraciones Públicas en Cataluña a obedecer los mandatos rupturistas o en caso contrario, serán sancionados. Puede parecer la declaración particular de un sujeto, pero al poco de realizar las declaraciones recibió aplausos, abrazos y todo tipo de ovaciones por parte de los principales dirigentes secesionistas, como Forcadell y Puigdemont. No es la primera vez que los dirigentes separatistas amenazan a los funcionarios, ni será la última, y si bien la cuestión puede parecer menor tiene una importancia vital tanto para los propios funcionarios como para la sociedad en su conjunto.

De hecho se pueden dar situaciones dramáticas de consecuencias impredecibles: si un funcionario acata una ilegalidad, puede ser sancionado por el Estado, si no la acata, por los separatistas, luego se quedaría en un limbo jurídico sin saber a quien tiene que obedecer. Resulta necesario en este punto recordar que la obediencia a un superior jerárquico no es causa de falta de responsabilidad administrativa y penal, de hecho, durante los procesos judiciales a los GAL, numerosos funcionarios policiales alegaron la obediencia jerárquica y sin embargo tuvieron que hacer frente a su responsabilidad penal, civil y administrativa como autores de delitos. Pues lo mismo les ocurriría a aquellos funcionarios que acataran instrucciones o normas ilegales e inconstitucionales, que la obediencia jerárquica en este caso no excluiría su responsabilidad. Sin embargo, aquellos que se negaran a acatar ya han sido amenazados con sanciones, las cuales, deberían ser recurridas pero cuyas consecuencias inmediatas padecerían en sus propias carnes.

El pájaro recibido en el Parlamento autonómico catalán por Puigdemont y Forcadell trás conocerse sus polémicas declaraciones

Los secesionistas saben perfectamente en el berenjenal en el que se están metiendo; son los funcionarios (hacienda, justicia, policía, asuntos exteriores....) los únicos que pueden poner en marcha "de facto" la república catalana proclamada en 24 horas de manera ilegal. Es por ello que amenazan con sancionar a aquellos funcionarios que no se plieguen a sus exigencias, han fiado toda su estrategia a la política de hechos consumados; declaro la república catalana ante el mundo y ven tu ahora a decirme que no. Es por ello que resulta de vital importancia no solo recurrir al Tribunal Constitucional, sino actuar con la mayor celeridad posible y que los funcionarios acaten la verdadera legalidad (Constitución Española, Código Penal español....) para parar en seco lo que en realidad es un golpe de estado en toda regla. En 1934 lo intentaron y acabaron donde en cualquier país normal y serio deberían de acabar gente así, veremos a ver lo que ocurre de nuevo 83 años después.