La
jugada presupuestaria, que permite a Mariano Rajoy seguir al frente del
Gobierno al menos un año más, ha sido analizada desde diversas perspectivas;
pero no deja de sorprender que dos medios de comunicación la hayan analizado y
titulado de igual modo: “El PNV logra 1.400 millones sin hablar de presos ni
competencias”. Nos referimos a las ediciones del día 4 de mayo del diario La Razón y al digital Hispanidad (http://www.hispanidad.com/el-pnv-logra-1-400-millones-sin-hablar-de-presos-ni-competencias.html).
Un titular un tanto intrigante, tanto por lo que señala, como por lo que sin
decirlo, afirma. Pero, en cualquier caso, no se trata de un titular del todo
veraz.
El
acuerdo presupuestario, literal y expresamente, no contempla ninguna referencia
a los “presos” -es decir, a los encarcelados en prisiones españolas
pertenecientes a la banda terrorista ETA, por quienes el PNV ha mostrado una
sensibilidad muy notable, por decirlo suavemente y sin entrar en comparaciones-,
ni a las competencias autonómicas pendientes de transferir; entendemos que en
este caso, aunque sin mencionarla, se refieren a la penitenciaria.
Ciertamente,
la penitenciaria es una de las escasas competencias todavía pendientes de
transferir a la Comunidad Autónoma Vasca. Por otra parte, únicamente cuatro
autonomía contemplan en sus estatutos tal posibilidad: Cataluña (las asumió ya
en 1983), Andalucía, País Vasco y Navarra.
Ocasionalmente,
desde el Gobierno vasco, -y el hoy presidido por Uxue Barkos en Navarra- se
viene amagando con reclamarla, especialmente cuando lo preside el PNV; pero sin
demasiado entusiasmo. Es decir: se trata más de un reclamo electoral, o un
guiño hacia una autodenominada “izquierda abertzale” que siempre le ha
presionado al respecto, que de un decidido movimiento reivindicativo.
Antes
de seguir, debe precisarse que las competencias penitenciarias únicamente son
susceptibles de transferencia en lo que compete a la ejecución de la
legislación del Estado, que continuaría en todo caso en manos del Gobierno
central. De este modo, aunque el Gobierno vasco asumiera las competencias
penitenciarias con el propósito de “acercar” a los presos etarras, tal
transferencia no lo facilitaría en absoluto; salvo mediara un acuerdo previo
entre Gobierno vasco y central, y el correlativo cambio de criterio por parte
del segundo de ellos, quien siempre ha mantenido una política de “dispersión”.
Tal circunstancia ya fue advertida recientemente por GARA, en su edición impresa
de 2 de mayo en su artículo “Gestionar las prisiones no acabaría con la
dispersión sin cambios en Madrid”, seguramente a efectos de que no se generaran
falsas expectativas al poderoso movimiento de familiares de presos de ETA y de
lanzarle al PNV la correspondiente advertencia de que siguen las negociaciones
muy de cerca.
En
esta actitud histórica del PNV, además de su marcado pragmatismo, seguramente
pesa el asesinato del funcionario Francisco Javier Gómez Elósegui el 11 de
marzo de 1997; psicólogo en la prisión de Martutene y afiliado a ELA-STV. Leonés
de nacimiento, este prestigioso y muy querido profesional penitenciario, estaba
casado con una donostiarra y era vecino de Gros. Diplomado en Criminología por
el IVAC de la Universidad del País Vasco, era docente en varias instancias
formativas y fue el “cerebro” de ELA que participó en la redacción del documento
sobre el acercamiento de los presos que este sindicato y LAB presentaron ante
la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco en diciembre de 1996. En
una reunión celebrada por ELA con el entorno de ETA para aclarar este
asesinato, sus interlocutores se limitaron a afirmar que “un boqui (funcionario
de prisiones en el argot carcelario) es un boqui”. Sobran comentarios. Si
alguna vez el PNV tuvo intenciones reales de fomentar un grupo de profesionales
que pudieran servir de puente entre las Instituciones Penitenciarias y el Gobierno
Vasco, cara a las transferencias pendientes, ETA lo segó brutalmente de la
mejor manera que sabía.
Pero
volvamos al apoyo jeltzale a los presupuestos de Mariano Rajoy.
La
arroba mencionada crónica de Carmen Morodo en La Razón, afirma que «Mariano Rajoy desbloqueó personalmente el
acuerdo con el PNV que da un gran balón de oxígeno a su Gobierno. Asegura la “paz
fiscal” con el Ejecutivo vasco, según los nacionalistas, a cambio de la
devolución de 1.400 millones de euros que ellos reclaman desde 2007, y de una
rebaja de otros 192 millones en el cálculo del Cupo con respecto a 2016. Además
de un empujón a la “Y vasca” y reducir la factura eléctrica para las empresas.
Esto sólo a cambio de que sus cinco diputados sostengan los Presupuestos de
2017, porque como el PNV se encargó de subrayar no hay ningún compromiso
respecto al techo de gasto para 2018 o sobre los Presupuestos para ese año, que
el Gobierno tiene que empezar a preparar ya si quiere poder presentarlos en el
Congreso en septiembre».
Transcurridas
unas pocas jornadas, ya se han conocido, además de los anteriores, otros
jugosos detalles.
Diversos
medios informaron que, durante el largo y discreto proceso de negociación, el
Gobierno vasco puso sobre la mesa la retirada de los recursos presentados por
el Ministerio de Hacienda contra las nuevas promociones de agentes de la
Ertzaintza -lo que precisa al objeto de renovar unas plantillas muy envejecidas-
como condición necesaria pero no suficiente para restablecer un clima de
confianza tras cuatro años con los “puentes rotos”. Tal acuerdo se alcanzó el
30 de marzo, de modo que al día siguiente, día 31, el Consejo de Ministros
aprobó un Real Decreto por el que se desbloqueaban tales convocatorias de
empleo público de la Ertzaintza.
Una
vez deshecho este “nudo gordiano”, y entre otros, se acordó que la Ertzaintza
acceda a las bases de datos europeas sin el filtro del Estado (sistema Siena de
intercambio policial europeo), remitiéndosele la información complementaria de
los señalamientos Sirene procedentes de otros países y toda aquella otra en que
esté involucrada la Unidad Nacional de Europol. Todo lo anterior no implica que
la Ertzaintza se integre en el espacio europeo de Schengen; competencia propia
del Estado central.
La
Ertzaintza se incorporará también, de pleno derecho, en el Centro de
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), dependiente
del Ministerio del Interior, y podrá consumar las persecuciones “en caliente”
más allá del límite geográfico de su competencia. Por último, la Ertzaintza
participará en los grupos de trabajo del Ministerio del Interior que determinan
su posición ante los órganos europeos de colaboración policial, su acceso al
Sistema de Alerta Temprana, el intercambio de datos estadísticos de
criminalidad, la interconexión de los sistemas de seguimiento de la “violencia
de género”, y su participación en los Planes directores de la Secretaría de
Estado de Seguridad.
Tan
relevante reajuste del modelo policial ha pasado a un plano muy secundario, en
relación a la lluvia de millones de la que se beneficiarán en la CAV a resultas
de este acuerdo económico, lo que confirmaría –según sus críticos- el carácter
de “privilegio” del Concierto vasco; circunstancia que ha provocado el rechazo
al mismo de diversos partido políticos, comunidades autónomas y analistas como
Mikel Buesa. Pese a todo, todas estas informaciones, un tanto desperdigadas,
apuntan en una doble dirección.
Primera:
Gobierno vasco y central han aparcado la negociación definitiva de las transferencias
penitenciarias pendientes. Ello se debe a la pragmática percepción, por parte
del PNV –y a despecho de la “izquierda abertzale”- de que tal transferencia no
supondría un avance real en el objetivo discutible –y no compartido al menos de
momento con el Gobierno de Madrid- de
propiciar un acercamiento de los terroristas al País Vasco y Navarra. Por otra
parte, todavía están en primera fase de construcción las modernas instalaciones
carcelarias de las afueras de San Sebastián que, junto a Araba-1, constituirían
la estructura central del sistema de ejecución penal en la CAV. De este modo,
no es que no hayan hablado al respecto: lo que sucede es que no ha habido
acuerdo; bien para comodidad del propio PNV, quien se libra de la presión
diaria que ejercería con toda seguridad una “izquierda abertzale” centrada “en
casa”, o bien que tal quedaría aplazado hasta que su tránsito quede más despejado
con la citada construcción y otras circunstancias. En todo caso, el número de
etarras en prisiones españolas está disminuyendo rápidamente, de modo que en
pocos años su número se redimensionará significativamente, lo que unido a un
posible “acercamiento”, despejaría las nubes del futuro horizonte penitenciario
vasco.
En
segundo lugar, el panorama del terrorismo de ETA se ha clarificado lo
suficiente como para que el Gobierno central acepte a la Ertzaintza a todos los
efectos; de modo que el temor a “fugas de información” que pudiera alertar a una
ETA todavía operativa, habría desaparecido. Ello es una prueba fehaciente de
que, según sus informaciones, se ha constatado que el proceso emprendido por la
banda ETA sería irreversible, facilitándose con ello el aflojamiento del
tradicional posicionamiento de los sucesivos gobiernos centrales respecto al
modelo policial integral y sus reservas ante la Ertzaintza.
No
vamos a alarmar a nadie insinuando que pueda existir un precio oculto a cambio
del apoyo presupuestario del PNV al PP de Rajoy (el de una Navarra ya gobernada
por una sucursal del PNV y sus incómodos socios del cuatripartito). Pero hay
que explicar que lo que se dice “hablar”, se ha hablado, lo están haciendo y
seguirán en ello. Pero, ¿a dos bandas?, ¿a tres? ¿De qué materias y plazos?
En
este marco de negociación, los estrechos márgenes existentes entre la lógica
discreción que debe regir toda política informativa relacionada con la gestión
de la lucha contra el terrorismo y un secretismo lindante con la ausencia de
una mínima transparencia democrática, están siendo vulnerados.
Con
tales actitudes, es inevitable que muchas víctimas del terrorismo, por todo lo
que les viene afectando desde hace décadas, así como esa parte de la sociedad
española especialmente preocupada por tan dramáticas circunstancias de la vida
española, se sientan ignoradas y desinformadas, cuando no manipuladas.
En
el régimen democrático español actual existe un déficit de transparencia
informativa. Las omisiones se distorsionan con medias verdades y filtraciones
interesadas a modo de “globos sonda” en función de objetivos cortoplacistas de
partido o gobierno.
El
titular antes mencionado, y las informaciones subsiguientes, son prueba de
ello: las noticias son fragmentarias, ocasionales e interesadas. La ciudadanía
española y navarra es mayor de edad y adulta. Por ello, tamaño ejercicio de
oscurantismo no puede sino desmoralizarla, acrecentando su desconfianza hacia
la clase política y sus instrumentos mediáticos.
En
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el denominado “proceso de paz” fue
publicitado, explicado y desarrollado en sus diversas fases, con implicación de
los colectivos afectados. Se le podrá realizar no pocas críticas, perviviendo
heridas y quiebras de difícil sanación moral, pero se contó con la ciudadanía y
se la incorporó responsablemente al mismo. No tiene por qué ser el modelo a
copiar literalmente en España, evidentemente, pero es de admirar la
responsabilidad de sus políticos y la madurez de una sociedad civil a la que se
tuvo en cuenta en todo momento.
Por
el contrario, en España, nos conformamos con filtraciones y elucubraciones.
Así, por ejemplo, El Confidencial Digital,
no confundir con El Confidencial, un
medio caracterizado por acceder a informaciones muy precisas procedentes del
entorno del Gobierno, informaba el 3 de mayo que “La negociación sobre los
presos de ETA comienza después de los Presupuestos. El PNV reclamará al
Gobierno un acercamiento a cárceles de Euskadi. La llamada `Agenda Vasca`
incluye también un nuevo estatuto de autonomía” (http://www.elconfidencialdigital.com/politica/negociacion-ETA-comienza-despues-Presupuestos_0_2919308059.html).
No
es de recibo que los ciudadanos españoles, quienes no somos súbditos ni menores
de edad, nos enteremos de las negociaciones entre partidos de gobierno, plazos
y acuerdos que a todos nos afectan de una u otra manera, mediante filtraciones
oportunistas e interesadas y no mediante un sistema de información política
democrático y transparente.
Sila Félix
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