El PP cede al chantaje del PNV: Ertzaintza, agenda vasca y miles de millones

La jugada presupuestaria, que permite a Mariano Rajoy seguir al frente del Gobierno al menos un año más, ha sido analizada desde diversas perspectivas; pero no deja de sorprender que dos medios de comunicación la hayan analizado y titulado de igual modo: “El PNV logra 1.400 millones sin hablar de presos ni competencias”. Nos referimos a las ediciones del día 4 de mayo del diario La Razón y al digital Hispanidad (http://www.hispanidad.com/el-pnv-logra-1-400-millones-sin-hablar-de-presos-ni-competencias.html). Un titular un tanto intrigante, tanto por lo que señala, como por lo que sin decirlo, afirma. Pero, en cualquier caso, no se trata de un titular del todo veraz.

El acuerdo presupuestario, literal y expresamente, no contempla ninguna referencia a los “presos” -es decir, a los encarcelados en prisiones españolas pertenecientes a la banda terrorista ETA, por quienes el PNV ha mostrado una sensibilidad muy notable, por decirlo suavemente y sin entrar en comparaciones-, ni a las competencias autonómicas pendientes de transferir; entendemos que en este caso, aunque sin mencionarla, se refieren a la penitenciaria.

Ciertamente, la penitenciaria es una de las escasas competencias todavía pendientes de transferir a la Comunidad Autónoma Vasca. Por otra parte, únicamente cuatro autonomía contemplan en sus estatutos tal posibilidad: Cataluña (las asumió ya en 1983), Andalucía, País Vasco y Navarra.

Ocasionalmente, desde el Gobierno vasco, -y el hoy presidido por Uxue Barkos en Navarra- se viene amagando con reclamarla, especialmente cuando lo preside el PNV; pero sin demasiado entusiasmo. Es decir: se trata más de un reclamo electoral, o un guiño hacia una autodenominada “izquierda abertzale” que siempre le ha presionado al respecto, que de un decidido movimiento reivindicativo.

Antes de seguir, debe precisarse que las competencias penitenciarias únicamente son susceptibles de transferencia en lo que compete a la ejecución de la legislación del Estado, que continuaría en todo caso en manos del Gobierno central. De este modo, aunque el Gobierno vasco asumiera las competencias penitenciarias con el propósito de “acercar” a los presos etarras, tal transferencia no lo facilitaría en absoluto; salvo mediara un acuerdo previo entre Gobierno vasco y central, y el correlativo cambio de criterio por parte del segundo de ellos, quien siempre ha mantenido una política de “dispersión”. Tal circunstancia ya fue advertida recientemente por GARA, en su edición impresa de 2 de mayo en su artículo “Gestionar las prisiones no acabaría con la dispersión sin cambios en Madrid”, seguramente a efectos de que no se generaran falsas expectativas al poderoso movimiento de familiares de presos de ETA y de lanzarle al PNV la correspondiente advertencia de que siguen las negociaciones muy de cerca.

En esta actitud histórica del PNV, además de su marcado pragmatismo, seguramente pesa el asesinato del funcionario Francisco Javier Gómez Elósegui el 11 de marzo de 1997; psicólogo en la prisión de Martutene y afiliado a ELA-STV. Leonés de nacimiento, este prestigioso y muy querido profesional penitenciario, estaba casado con una donostiarra y era vecino de Gros. Diplomado en Criminología por el IVAC de la Universidad del País Vasco, era docente en varias instancias formativas y fue el “cerebro” de ELA que participó en la redacción del documento sobre el acercamiento de los presos que este sindicato y LAB presentaron ante la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco en diciembre de 1996. En una reunión celebrada por ELA con el entorno de ETA para aclarar este asesinato, sus interlocutores se limitaron a afirmar que “un boqui (funcionario de prisiones en el argot carcelario) es un boqui”. Sobran comentarios. Si alguna vez el PNV tuvo intenciones reales de fomentar un grupo de profesionales que pudieran servir de puente entre las Instituciones Penitenciarias y el Gobierno Vasco, cara a las transferencias pendientes, ETA lo segó brutalmente de la mejor manera que sabía.

Pero volvamos al apoyo jeltzale a los presupuestos de Mariano Rajoy.

La arroba mencionada crónica de Carmen Morodo en La Razón, afirma que «Mariano Rajoy desbloqueó personalmente el acuerdo con el PNV que da un gran balón de oxígeno a su Gobierno. Asegura la “paz fiscal” con el Ejecutivo vasco, según los nacionalistas, a cambio de la devolución de 1.400 millones de euros que ellos reclaman desde 2007, y de una rebaja de otros 192 millones en el cálculo del Cupo con respecto a 2016. Además de un empujón a la “Y vasca” y reducir la factura eléctrica para las empresas. Esto sólo a cambio de que sus cinco diputados sostengan los Presupuestos de 2017, porque como el PNV se encargó de subrayar no hay ningún compromiso respecto al techo de gasto para 2018 o sobre los Presupuestos para ese año, que el Gobierno tiene que empezar a preparar ya si quiere poder presentarlos en el Congreso en septiembre».

Transcurridas unas pocas jornadas, ya se han conocido, además de los anteriores, otros jugosos detalles.

Diversos medios informaron que, durante el largo y discreto proceso de negociación, el Gobierno vasco puso sobre la mesa la retirada de los recursos presentados por el Ministerio de Hacienda contra las nuevas promociones de agentes de la Ertzaintza -lo que precisa al objeto de renovar unas plantillas muy envejecidas- como condición necesaria pero no suficiente para restablecer un clima de confianza tras cuatro años con los “puentes rotos”. Tal acuerdo se alcanzó el 30 de marzo, de modo que al día siguiente, día 31, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se desbloqueaban tales convocatorias de empleo público de la Ertzaintza.

Una vez deshecho este “nudo gordiano”, y entre otros, se acordó que la Ertzaintza acceda a las bases de datos europeas sin el filtro del Estado (sistema Siena de intercambio policial europeo), remitiéndosele la información complementaria de los señalamientos Sirene procedentes de otros países y toda aquella otra en que esté involucrada la Unidad Nacional de Europol. Todo lo anterior no implica que la Ertzaintza se integre en el espacio europeo de Schengen; competencia propia del Estado central.

La Ertzaintza se incorporará también, de pleno derecho, en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), dependiente del Ministerio del Interior, y podrá consumar las persecuciones “en caliente” más allá del límite geográfico de su competencia. Por último, la Ertzaintza participará en los grupos de trabajo del Ministerio del Interior que determinan su posición ante los órganos europeos de colaboración policial, su acceso al Sistema de Alerta Temprana, el intercambio de datos estadísticos de criminalidad, la interconexión de los sistemas de seguimiento de la “violencia de género”, y su participación en los Planes directores de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Tan relevante reajuste del modelo policial ha pasado a un plano muy secundario, en relación a la lluvia de millones de la que se beneficiarán en la CAV a resultas de este acuerdo económico, lo que confirmaría –según sus críticos- el carácter de “privilegio” del Concierto vasco; circunstancia que ha provocado el rechazo al mismo de diversos partido políticos, comunidades autónomas y analistas como Mikel Buesa. Pese a todo, todas estas informaciones, un tanto desperdigadas, apuntan en una doble dirección.

Primera: Gobierno vasco y central han aparcado la negociación definitiva de las transferencias penitenciarias pendientes. Ello se debe a la pragmática percepción, por parte del PNV –y a despecho de la “izquierda abertzale”- de que tal transferencia no supondría un avance real en el objetivo discutible –y no compartido al menos de momento con el Gobierno de Madrid-  de propiciar un acercamiento de los terroristas al País Vasco y Navarra. Por otra parte, todavía están en primera fase de construcción las modernas instalaciones carcelarias de las afueras de San Sebastián que, junto a Araba-1, constituirían la estructura central del sistema de ejecución penal en la CAV. De este modo, no es que no hayan hablado al respecto: lo que sucede es que no ha habido acuerdo; bien para comodidad del propio PNV, quien se libra de la presión diaria que ejercería con toda seguridad una “izquierda abertzale” centrada “en casa”, o bien que tal quedaría aplazado hasta que su tránsito quede más despejado con la citada construcción y otras circunstancias. En todo caso, el número de etarras en prisiones españolas está disminuyendo rápidamente, de modo que en pocos años su número se redimensionará significativamente, lo que unido a un posible “acercamiento”, despejaría las nubes del futuro horizonte penitenciario vasco.

En segundo lugar, el panorama del terrorismo de ETA se ha clarificado lo suficiente como para que el Gobierno central acepte a la Ertzaintza a todos los efectos; de modo que el temor a “fugas de información” que pudiera alertar a una ETA todavía operativa, habría desaparecido. Ello es una prueba fehaciente de que, según sus informaciones, se ha constatado que el proceso emprendido por la banda ETA sería irreversible, facilitándose con ello el aflojamiento del tradicional posicionamiento de los sucesivos gobiernos centrales respecto al modelo policial integral y sus reservas ante la Ertzaintza.

No vamos a alarmar a nadie insinuando que pueda existir un precio oculto a cambio del apoyo presupuestario del PNV al PP de Rajoy (el de una Navarra ya gobernada por una sucursal del PNV y sus incómodos socios del cuatripartito). Pero hay que explicar que lo que se dice “hablar”, se ha hablado, lo están haciendo y seguirán en ello. Pero, ¿a dos bandas?, ¿a tres? ¿De qué materias y plazos?

En este marco de negociación, los estrechos márgenes existentes entre la lógica discreción que debe regir toda política informativa relacionada con la gestión de la lucha contra el terrorismo y un secretismo lindante con la ausencia de una mínima transparencia democrática, están siendo vulnerados.

Con tales actitudes, es inevitable que muchas víctimas del terrorismo, por todo lo que les viene afectando desde hace décadas, así como esa parte de la sociedad española especialmente preocupada por tan dramáticas circunstancias de la vida española, se sientan ignoradas y desinformadas, cuando no manipuladas.

En el régimen democrático español actual existe un déficit de transparencia informativa. Las omisiones se distorsionan con medias verdades y filtraciones interesadas a modo de “globos sonda” en función de objetivos cortoplacistas de partido o gobierno.

El titular antes mencionado, y las informaciones subsiguientes, son prueba de ello: las noticias son fragmentarias, ocasionales e interesadas. La ciudadanía española y navarra es mayor de edad y adulta. Por ello, tamaño ejercicio de oscurantismo no puede sino desmoralizarla, acrecentando su desconfianza hacia la clase política y sus instrumentos mediáticos.

En Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el denominado “proceso de paz” fue publicitado, explicado y desarrollado en sus diversas fases, con implicación de los colectivos afectados. Se le podrá realizar no pocas críticas, perviviendo heridas y quiebras de difícil sanación moral, pero se contó con la ciudadanía y se la incorporó responsablemente al mismo. No tiene por qué ser el modelo a copiar literalmente en España, evidentemente, pero es de admirar la responsabilidad de sus políticos y la madurez de una sociedad civil a la que se tuvo en cuenta en todo momento.

Por el contrario, en España, nos conformamos con filtraciones y elucubraciones. Así, por ejemplo, El Confidencial Digital, no confundir con El Confidencial, un medio caracterizado por acceder a informaciones muy precisas procedentes del entorno del Gobierno, informaba el 3 de mayo que “La negociación sobre los presos de ETA comienza después de los Presupuestos. El PNV reclamará al Gobierno un acercamiento a cárceles de Euskadi. La llamada `Agenda Vasca` incluye también un nuevo estatuto de autonomía” (http://www.elconfidencialdigital.com/politica/negociacion-ETA-comienza-despues-Presupuestos_0_2919308059.html).

No es de recibo que los ciudadanos españoles, quienes no somos súbditos ni menores de edad, nos enteremos de las negociaciones entre partidos de gobierno, plazos y acuerdos que a todos nos afectan de una u otra manera, mediante filtraciones oportunistas e interesadas y no mediante un sistema de información política democrático y transparente.

Sila Félix