¿Y si el Tribunal de Cuentas tiene razón?

La semana pasada la política foral vivió dos momentos esperpénticos por ser suaves; por un lado la negativa del ejecutivo del kanvio a enviar la información solicitada por el Tribunal de Cuentas en relación a los planes de ajuste llevados a cabo en 2012 y la cuestión de las dietas de la señora Barkos, y por otro actitudes en el mejor de los casos ridículas como las de Del Burgo, Sanz y alguna otra vieja gloria de la política foral apoyando a los separatistas en su pretensión de impugnar la actuación del Tribunal de Cuentas. En nuestro ordenamiento jurídico, las disputas en materia de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se resuelven en el Tribunal Constitucional, o mediante la vía unilateral tan de moda en estos últimos tiempos. Ni negarse al requerimiento del Tribunal de Cuentas ni  (como dicen -Diario de Menticias- que dijo Miguel Sanz en su día) mandar a la Policía Foral al Tribunal de Cuentas.

Ante este conflicto competencial, solo nos queda acudir al texto de las leyes que regulan los ámbitos de actuación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Comptos para salir de dudas.  Pues bien, nada menos que el artículo 3 de la Ley Foral (si, ley foral, ley aprobada por el PARLAMENTO DE NAVARRA) 19/1984, de 20 de diciembre, de la Cámara de Comptos de Navarra (http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=2127#Ar.8):

1. La Cámara de Comptos de Navarra es el órgano competente para fiscalizar las cuentas y la gestión económica de Navarra sin perjuicio de la remisión de sus actuaciones al Tribunal de Cuentas, cuyo dictamen será enviado con su respectivo expediente al Parlamento de Navarra para que éste, en su caso, adopte las medidas que procedan.

2. Si en el ejercicio de su función fiscalizadora, la Cámara de Comptos advirtiese la existencia de indicios de responsabilidad contable, dará traslado de las correspondientes actuaciones al Tribunal de Cuentas. La Cámara de Comptos podrá instruir procedimientos jurisdiccionales y enjuiciar las responsabilidades contables en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos de la Comunidad Foral, por delegación del Tribunal de Cuentas.

Pues bien, en el caso de enjuiciar a cargos públicos de Navarra por las responsabilidades contables en que incurran por el manejo fraudulento de caudales o efectos de la Comunidad Foral de Navarra, la propia normativa foral que regula la Cámara de Comptos le atribuye la competencia al TRIBUNAL DE CUENTAS, y la Cámara de Comptos SOLO podrá actuar en labores de instrucción POR DELEGACIÓN del Tribunal de Cuentas, el cual, NO tiene la obligación de delegar en el órgano de la Comunidad Foral. Por ejemplo, en el caso de las dietas de la señora Barcos, delegar la instrucción en una Cámara cuya presidenta ha sido nombrada a dedo por el ejecutivo del kanvio sería cuanto menos una temeridad por parte del Tribunal de Cuentas.

Viendo lo clarita que es la normativa foral (sin necesidad de acudir a farragosas sentencias del Constitucional o Supremo que interpreten la normativa en cuestión), la actitud del régimen del kanvio (lo mismo sean declaraciones de cargos, partidos o sindicatos afines) no resulta de extrañar. Sin embargo, o alguna extraña enfermedad mental está haciendo mella en los señores Sanz y Del Burgo, o son unos oportunistas, o bien practican un foralismo delirante y absurdo. De hecho las recientes declaraciones de Sanz ("El requerimiento del Tribunal de Cuentas está fuera de lugar; no somos del régimen común") y Del Burgo ("La negativa a proporcionar al Tribunal los datos solicitados no constituye desacato") si no fuera por la gravedad de la situación parecerían un chiste.

Está claro que "el bloke del kanvio" va a oponerse al Tribunal de Cuentas de manera unilateral, siguiendo ya una larga tradición de los separatistas en estos últimos cuarenta años (suponemos que la Fiscalía seguirá durmiendo el sueño de los justos, para variar), cuando de considerar que existe un conflicto de competencias (visión subjetiva porque la norma es muy clara), debería acudir al Tribunal de Cuentas. En el caso de los expresidentes de UCD (Del Burgo) y UPN (Sanz), resulta una postura chocante, lo que nos lleva a pensar que son unos inútiles consumados (más aún Del Burgo que presume de super-jurista), oportunistas de medio pelo o unos truhanes que tienen mucho que esconder. 

En fin, esperemos que el tiempo ponga a todos estos pájaros en su sitio, de lo contrario las instituciones del Estado (Tribunal de Cuentas, Fiscalía, Tribunal Constitucional, y en última instancia, el propio Gobierno de la Nación) demostrarán que la afirmación de Pío Moa de encontrarnos ante una "democracia fallida" podría no ser tan descabellada.