El pasado 19 de septiembre de 2017, la Comisión de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Parlamento de Navarra, desarrolló dos sesiones de temática penitenciaria. En la primera de ellas, una representación de la asociación Salhaketa-Nafarroa disertó en torno a una hipotética asunción de competencias penitenciarias por parte de la Comunidad Foral; a la vez que presentaba el pertinente informe.
Antes de analizar el evento, recordemos que Navarra es una de las cuatro comunidades autónomas en cuyos estatutos (en nuestro caso, el Amejoramiento) se contempla la posibilidad de asumir las competencias de ejecución penitenciaria, que no la legislativa reservada al Estado central: junto a Andalucía y País Vasco. La cuarta es Cataluña, quien la asumió ya en 1983; una decisión que, dados sus frutos, no ha sido imitada por las demás comunidades. Por algo será.
La de la transferencia de las competencias penitenciarias a Navarra es una vieja historia; agitada excepcionalmente y, sobre todo, sin demasiada convicción. Así, ha figurado en escasos programas electorales (ya se sabe, esas declaraciones ideales de máximos elaboradas exclusivamente para no ser cumplidas), en algunos debates y jornadas especializadas del Colegio de Abogados de Pamplona, en un par de Departamentos de la UPNA y, sobre todo, por entidades –ONG’s- que viven de las subvenciones públicas percibidas, entre otras, por sus servicios en prisión…
Pero, ante todo, reconozcamos las cosas como son: nunca ha existido una voluntad política decidida al respecto. Jamás. De hecho, tal y como se suele decir, “la prisión no da votos”. Y para colmo y terror de unos políticos, que más que nada cuidan de su propia imagen, casi siempre, las noticias procedentes del medio carcelario son morbosas, violentas y desagradables. Eso, no mola. Por supuesto que también se desarrollan en prisión actividades y experiencias muy positivas, pero, salvo muy ocasionales arranques de “buenismo” periodístico, noticias de orientación “tratamental” y “reinsertadora”, o simplemente positivas, son raras excepciones de una norma general bien asentada.
Esta cuestión de las transferencias, en el pasado, generó incluso algún episodio bastante chusco. Así, hace más de 15 años, unos cuantos políticos y técnicos navarros se pegaron un fabuloso viaje por los países nórdicos, a costa del contribuyente navarro naturalmente, al objeto de elaborar un “proyecto puntero” que relevara la vieja prisión pamplonica del barrio de San Juan en la calle San Roque. Por supuesto que dicho proyecto nunca vio la luz, ni sirvió para nada; salvo para tan peregrino disfrute de nuestros privilegiados paisanos. Dicho informe, se cree, duerme el sueño de los justos en algún cajón de Bienestar Social…
Decíamos que la prisión no genera votos. Entonces, ¿a qué se debe tan súbito interés?
Pues, fundamentalmente, a una cuestión de imagen…del cuatripartito.
Desde hace unos meses, el Gobierno Vasco viene agitando, como en ocasiones precedentes, el fantasma de la reclamación de las competencias penitenciarias; una cuestión que no debiera descartarse, a priori, pues las relaciones entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV vienen siendo muy apasionadas en los últimos meses. Y sus correligionarios navarros no iban aquedarse atrás…
No obstante, pase lo que pase y más con las dificultades existentes a día de hoy cara al apoyo a los presupuestos para 2018 por el PNV, a nadie se escapa que hasta que la problemática de los presos etarras no esté resuelta, o en su recta final, el Gobierno de la Comunidad vecina nunca las asumirá. Puro sentido común.
Las cifras actuales de presos de la banda están muy lejos de las de unos pocos años atrás. De ser casi 600 entonces, a menos de 300 hoy mismo. Con las futuras excarcelaciones por cumplimiento del total de penas, que se estiman numerosas en los próximos años, algunos casos especiales de excarcelación anticipada por enfermedad, fallecimientos inesperados, otros vía Nanclares, etc., en cuatro o cinco años su cuantía se habrá reducido muchísimo; de modo que en el peor de los casos, para las previsiones del Gobierno vasco, el número residual de etarras encarcelados bien podría encontrar acomodo en las prisiones vascas… y en Pamplona.
No olvidemos que hay un número relevante de presos navarros, cumpliendo condena por penas de terrorismo, reduciéndose rápidamente. También hay irreductibles (http://www.deia.com/2017/09/07/politica/euskadi/eta-expulsa-al-preso-que-critico-su-deriva-liquidacionista-al-acatar-la-legalidad). Pero, seguramente, apenas serán una treintena en unos pocos años. Una cifra que bien pudiera encontrar su espacio en la casi vacía prisión de la colina de Santa Lucía que, como bien se sabe, apenas está ocupada en menos de un 30 % de sus posibilidades.
Terminemos con la primera sesión. Ya hemos mencionado a Salhaketa, cuya representante se presentó como “anticarcelaria”: paradojas de la vida. Sin duda, con tales avales, sería mejor que semejante espacio lo dejaran a otros que sí creen en el sistema; pero, ellos, tan progres, se permiten el lujo de ser “anticarcelarios” y no por ello, dejar de percibir buenas subvenciones -desde hace muchos años- por sus servicios (intercambio de jeringuillas, cursos de “sexo seguro”...) en la propia prisión. Ya se sabe: los progres tiene excusas para todo; sobre todo, para sus propias contradicciones. Y más, cuando hay dinero por medio.”Somos mega-rojos, pero nos gusta vivir bien…” Criaturas.
En la segunda sesión, una representación de los colectivos que trabajan en la prisión de Pamplona expuso su peculiar mirada a la situación de la misma y las deficiencias que muestra. Fue el caso del psicólogo Juantxo Castiella, personal ajeno a la plantilla del centro, de quien no se puede decir que destaque por su gran interrelación con los profesionales penitenciarios; pero sí seguramente que sus propuestas serían del agrado del cuatripartito. De tal modo defendió propuestas personales, tales como organizar un departamento para jóvenes (pero, ¿hay jóvenes suficientes para ello?, ¿y funcionarios?), más acción formativa en el Centro de Inserción Social anexo (pero, ¿ha preguntado a los internos de esa sección abierta, si lo que realmente quieren es poder trabajar en el exterior o más cursillos que de poco sirven para ganarse la vida?). Pero el colmo del clasismo y el endiosamiento fue su petición de una “entrada propia para los profesionales ya que en la actualidad solo hay accesos para funcionarios y visitas”. ¡Inconcebible petición en una sociedad igualitaria!: Juantxo Castiella reconoce no ser plantilla, ser un “profesional” (los funcionarios, ¿son aficionados?) y reclama ¡un “fuero” especial de acceso!, ¡sí!, ¡al igual que en la Edad Media, nobles y reyes entraban en templos y palacios, por puertas exclusivas! Juantxo, majete: te has pasado hasta el ridículo; listillo.
Se observa, pues, que quienes no acudieron a ambas sesiones fueron los propios interesados, es decir, los actuales o antiguos internos, que bien podrían contar sus valiosas experiencias. Pero tampoco fueron convocados ¡los propios profesionales penitenciarios!; ni a nivel de Equipo Directivo, ni como representantes sindicales. Se comprende, progres míos: no fuera que sacaran a relucir lo de “la seguridad y la disciplina” y demás apuntes de puro realismo (del que no gusta a la clerecía progre), comprometiendo unas conclusiones ya preelaboradas.
Efectivamente: hay importantes problemas en la prisión de Pamplona: está situada lejos del centro de la ciudad y sigue sin existir transporte regular de pasajeros pese a las promesas de Asirón; apenas se oferta trabajo productivo a los internos; la edad de los funcionarios, muy pocos de ellos navarros ciertamente, aumenta rápidamente, con los crecientes problemas de elemental seguridad que ello implica. No obstante, éstos permanecen invisibles para las administraciones públicas de la Comunidad y los obedientes medios de comunicación. Así, recientemente se elaboró una estadística de las agresiones sufridas por médicos, docentes y policía en Navarra (http://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/profesiones-riesgo-navarra-mas-550-profesionales-fueron-agredidos-pasado-ano/20170903121703140088.html). Pues bien, de funcionarios de prisión, nada de nada… Entonces, ¿es que son intocables y jamás son agredidos, o acaso se trata de que las agresiones “entran en el sueldo”, que decía un famoso juez que ya no presta servicio en Navarra, y ni siquiera cuenta para unas míseras estadísticas?
Traigamos a colación un hecho que en parte explica estas ausencias. El 8 de junio de 2017, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos registró en el Congreso de los Diputados en Madrid una Proposición No de Ley para el reconocimiento de Agentes de la Autoridad a los Funcionarios de Presiones. Pero fue rechazada el 28 de junio en votación de la Comisión de Interior por 18 votos en contra (PSOE, Podemos, Grupos mixto y vasco) frente a 17 votos a favor (Ciudadanos y PP). Es evidente que, con tales antecedentes, el cuatripartito no podía dar voz a un colectivo desconocido, ignorado y que podría explicar algunas verdades un tanto incómodas para la vulgata propagandística del Gobierno de Uxue y sus apoyos. En realidad, en algún estrato de sus cabezas anidan múltiples tópicos “antiautoritarios” del tipo: “los policías tienden al gatillo fácil”, “un varón es un violador potencial”, “los alumnos deben educar a los profesores”, “quién mejor sabe de su enfermedad es el paciente”, “el periodista y el intelectual debe estar comprometido, en caso contrario es un agente del capital y la Iglesia”… ¿Y los funcionarios de prisiones?: pues siempre serán son sospechosos… ¿De qué, por qué? Pues porque a esta nueva casta así se le antoja desde unas entendederas ideológicas que bien les permite justificar a un terrorista asesino múltiple, pero juzgan rápida y apriorísticamente a todo profesional que “quiere cumplir con su deber” (alguien que piense así, será un agente de la reacción o un criptofascista; se temerán en su fuero interno y, muchas veces, externo).
Una prisión también funciona como termómetro de la sociedad que la produce. Con sus contradicciones, sus opacidades, son miserias y sus grandezas. Pero entre sus muros no hay pasiones ajenas o distintas a las que viven los ciudadanos del exterior de sus muros. Por todo ello, tal realidad dice mucho de las tendencias y valores de nuestra sociedad.
Es evidente, lamentablemente, que al cuatripartito nada de ello interesa. Pero sí la imagen, vender humo, ponerse la pegatina de visionarios unos días cara a la galería y a una ciudadanía generalmente desinformada y desinteresada salvo que les afecte directamente un día. Pero tampoco se puede decir que a los partidos de la oposición les interese demasiado. A los hechos nos remitimos. Y sobre todo, a sus ausencias e ignorancia.
Sila Félix
Hoy en día no se lleva el principio de autoridad, y así nos va. Padres y madres, profesorado, funcionariado....saben bien lo difícil que es gobernar su parcela cuando se sienten desautorizados por la sociedad. Y la clase política no ayuda nada.
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