El 30 de noviembre de 1934 un joven diputado madrileño declaraba en el Parlamento español: “(…) para muchos, el problema catalán es un simple artificio y, para otros, no es más que un asunto de codicia; sin embargo, estas dos actitudes son perfectamente injustas y desacertadas. Cataluña es muchas cosas a la vez, y mucho más profundas que un simple pueblo de mercaderes. Cataluña es un pueblo profundamente sentimental; el problema de Cataluña no es sobre importaciones y exportaciones; es un problema- muy difícil-, un problema de sentimientos”. Jordi Pujol, Presidente de la Generalidad durante cerca de un cuarto de siglo, dijo un día del autor de esas frases que era uno “de los que mejor había entendido a Cataluña, y en circunstancias muy difíciles” (Tiempo, 22 de diciembre de 1997, nº 816). Para escándalo de los guardianes de lo históricamente correcto, se refería al abogado y fundador de la Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.
La cuestión catalana es, hoy como ayer, sobre todo histórico-afectiva, después política y, luego, económica. Desde 1980 y sobre todo desde 2010, el 11 de septiembre de cada año se movilizan enormes masas de ciudadanos en Cataluña para manifestarse a favor de la independencia. La Diada es la fiesta nacional que conmemora la caída de Barcelona ante las tropas de Felipe V, nieto de Luis XIV, el 11 de septiembre de 1714. En cuarenta años desde la transición a la democracia, el problema catalán no ha hecho sino agravarse. Cerca del 40% del electorado catalán ya no se contenta con el Estatuto de Autonomía, que fue aprobado en dos tiempos: Primero en 1979 y, de nuevo, con otras competencias añadidas, después del referéndum de 2006 (73,9% de voto favorable). La mayoría de la clase política catalana actual (unión circunstancial de independentistas de derecha y de extrema izquierda) considera la autonomía de la que ha beneficiado hasta ahora como muy insuficiente. No solamente el regionalismo, sino también el federalismo sobre el modelo suizo, alemán o de EE.UU. son vías muertas y enterradas. Ya no se quiere más que una cosa: Dar el paso hacia la independencia.
El referéndum del 1 de octubre de 2017, organizado por las autoridades catalanas violando la Constitución (ley fundamental de la democracia española) ha demostrado esta voluntad secesionista. Una parodia de referéndum, abiertamente anticonstitucional, que fue ampliamente improvisada. No había listas electorales, las urnas estaban en la calle y donde los electores podían votar varias veces sin ser controlados. Según la Generalidad, 90% de los votos fueron favorables a la independencia. La participación habría sido, según la misma fuente, del 42% (2.200.000 personas sobre 5.300.000 llamadas a votar). Si quitamos el 10% del “no”, resulta entre un 38 y 40% del electorado que se habría manifestado a favor de la independencia. De cualquier forma, después de décadas marcadas a la vez por la pusilanimidad del Gobierno central de Madrid y la combatividad creciente de los independentistas catalanes, la secesión no parece ya una hipótesis increíble.
Como todos los nacionalismos, el nacionalismo catalán encuentra su fuerza tanto en la conciencia y la voluntad de ser una comunidad con un destino, como en la existencia de una lengua, un territorio y un particularismo histórico-cultural. Pero, dicho esto, la historia milenaria de Cataluña y de su lengua son las claves para la comprensión de su identidad.
La provincia romana de Hispania citerior (mitad norte de la Península Ibérica) fue fundada en 195 a.C. Era administrada desde Tarraco (la Tarragona actual), ciudad donde los visigodos se instalaron en 410 d.C. Al final del siglo VIII, después de la invasión musulmana, el imperio carolingio fijó su frontera político-militar en la parte oriental del Pirineo. Era la famosa Marca Hispánica, organizada en condados, como los de Pallars, Ribagorza, Urgell, Cerdaña, Barcelona, Gerona, Osona, Ampurias y Rosellón. A lo largo de los siglos siguientes, los condes de Barcelona desarrollaron su territorio mediante una serie de alianzas matrimoniales, herencias y conquistas. En 1150, el conde Ramón Berenguer IV contrae matrimonio con Petronila de Aragón. Su hijo Alfonso II se convierte en rey de Aragón y conde de Barcelona. Otra unión dinástica con consecuencias capitales para España: El matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel la Católica, reina de Castilla, en 1469, que permite unificar el país, aunque cada reino conserva sus instituciones y leyes propias. En el siglo XVI, Cataluña tuvo un virrey, el arzobispo de Tarragona, nombrado por el emperador Carlos V. Por primera vez, el territorio aparece gobernado como una región unificada.
A lo largo de la guerra de los Treinta Años (1618-1648) los franceses conquistan el Rosellón. Para hacer frente a los gastos de guerra, el conde-duque de Olivares, Primer Ministro de Felipe IV, decide aumentar los impuestos y reclutar soldados catalanes. Estas medidas provocan inmediatamente la hostilidad de los campesinos y de una parte de las autoridades catalanas. Los obispos de Vic y Barcelona se presentan en su capital a la cabeza de 3.000 campesinos rebeldes. El 16 de enero de 1641, el Presidente de la Generalidad, Pau Claris, proclama la República independiente de Cataluña bajo la protección del rey de Francia. Pero duda, lo reconsidera y, el 23 del mismo mes, somete completamente Cataluña a Luis XIII de Francia. Felipe V la recuperará, sin el Rosellón, diez años más tarde en la firma del Tratado de los Pirineos (1659).
Imagen de "Els segadors"
A la muerte de Carlos II, “el Hechizado”, último monarca de los Habsburgo, una guerra de sucesión estalla entre dos pretendientes: Felipe V, de la Casa de Borbón, nieto de Luis XIV, y el Archiduque Carlos de Austria (futuro Carlos VI, soberano del Sacro Imperio). Castilla y Navarra se unen sin dudarlo al bando de Felipe V, pero la Corona de Aragón, que posee el territorio de Cataluña, se pronuncia por Carlos III. Después de varios años de conflicto (1701-1715), los Borbones ganan la guerra. Tras su victoria, Felipe V firma los Decretos de Nueva Planta (1707-1716) que siguen el modelo francés de centralización del Estado y que modifican profundamente las instituciones tradicionales de “las Españas” (fueros, costumbres y libertades civiles de los reinos de Castilla, Aragón, Valencia, Mallorca y Principado de Cataluña se ven limitados y reducidos).
Las primeras disposiciones legales contra la lengua catalana se adoptan en los siglos XVIII y XIX por reformistas francófilos, masones y liberales de izquierda. Para ellos, el castellano debe ser la lengua modernizadora de España a imagen del francés en Francia. La lista de personalidades de esta élite ilustrada es muy clara: encontramos al conde de Aranda, al conde de Floridablanca, Manuel Godoy, Manuel José Quintana, Juan Álvarez Mendizábal, Claudio Moyano, Leopoldo O´Donnell, Práxedes Mateo Sagasta o el conde de Romanones.
En 1812, después de la invasión de Napoleón, Cataluña es dividida en cuatro departamentos e incorporada al Imperio francés. La ciudadanía no tarda en rebelarse como en el resto de España y se fuerza al ocupante a retirarse en 1814. España sale exhausta de la aventura napoleónica. De nuevo en 1823 un contingente de la armada francesa interviene (los Cien Mil Hijos de San Luis) pero, esta vez, con el acuerdo de la Santa Alianza. Las guerras de independencia hispanoamericanas (1810-1823) dan la puntilla al Imperio español. Construido sobre el modelo liberal-jacobino francés, el Estado-Nación que le reemplaza nunca llegará a consolidarse del todo. A lo largo del siglo XIX, los golpes de estado militar/liberales se suceden a buen ritmo (treinta y tres golpes sobre treinta y cinco son “progresistas” de 1814 a 1884). En varias ocasiones, la guerra civil estalla. La Primera Guerra Carlista (1833-1840) opone la España tradicional del infante Carlos de Borbón a la España liberal de los partidarios de Isabel II. Cataluña se moviliza ampliamente a favor de los carlistas. Realiza la misma elección durante la Segunda Guerra Carlista (1846-1849) y su territorio es incluso el teatro principal de operaciones militares.
A partir del segundo tercio del siglo XIX, el movimiento cultural “Renaixença” comienza a desarrollarse. Contribuye a la supervivencia de las tradiciones y de la lengua catalana. Tiene el apoyo de la Iglesia, a través del obispo y escritor Torras y Bages, y del sacerdote y poeta Jacinto Verdaguer. Las normas del catalán moderno serían fijadas más tarde, a comienzos del siglo XX, por el lingüista Pompeu Fabra.
El catalanismo político nace, por otra parte, en los años 1880. Sus primeras personalidades más notorias son los federalistas republicanos Francisco Pi y Margall (Presidente de la Primera República española, en 1873) y Valentí Almirall. Se fundan tres partidos en pocos años: La Lliga de Catalunya, en 1887, Unió catalanista en 1891 y al Lliga Regionalista de Enric Prat y Francesc Cambó, en 1901. La ideología de estos partidos es regionalista, conservadora e interclasista. Su principal éxito es la obtención de la Mancomunidad de Cataluña en 1914. Esta institución funciona hasta 1925. Agrupa las cuatro provincias catalanas (Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona) y permite una cierta gestión político-administrativa común.
Los años 1922 y 1931 ven el nacimiento de otros dos partidos independentistas de centro-izquierda: Estat Catalá, del militar y masón Francesc Macià, y Esquerra Republicana, de F. Macià, Lluís Companys y Josep Tarradellas. En esa época, los inmigrantes que se ven atraídos por la Cataluña industrial vienen de las clases populares del sur de España y son profundamente antinacionalistas. Simpatizan y militan sobre todo en la CNT anarquista, pero también en la federación catalana del PSOE, y consideran el nacionalismo catalán como un movimiento burgués. Sus descendientes, de origen principalmente andaluz, constituyen hoy una buena parte de la población catalana.
Tras la llegada de la Segunda República (14 de abril de 1931), el presidente de Esquerra Republicana, Francesc Macià, proclama desde el Palacio de la Generalidad: “La República catalana como estado integrante de la Federación ibérica”. Un año y medio más tarde, el 9 de septiembre de 1932, las Cortes españolas adoptan el primer Estatuto de Autonomía de Cataluña. A partir de entonces, existen un gobierno y un parlamento en Barcelona. Pero en octubre de 1934, en medio de la revolución socialista, el presidente de la Generalidad, Lluís Companys, ofrece su apoyo a los revolucionarios contra el gobierno de la República dirigida por el líder del Partido Radical, Alejandro Lerroux. Por su parte, Companys afirma desde el balcón de la Generalidad: “El Gobierno que yo presido asume todas las facultades del poder en Cataluña y proclama el Estado catalán en la República Federal Española”. Pero después del fracaso de la revolución socialista, el Estatuto de Autonomía es suspendido por el Gobierno central. No será restablecido hasta después de las elecciones de febrero de 1936, tras la victoria del Frente Popular.
Después de la Guerra Civil (1936-1939), bajo la dictadura de Franco (1939-1975), el nacionalismo y el separatismo catalanes son severamente reprimidos. La oposición nacionalista y separatista catalanas están prácticamente ausentes durante el franquismo. La única resistencia seria y amenazadora para el régimen viene entonces de los anarquistas, los comunistas y los nacionalistas vascos. No hay que olvidar tampoco que, durante la Guerra Civil, una parte del catalanismo político (sobre todo los miembros de la Lliga Regionalista y de la Lliga Catalana de Francesc Cambó) combatió con convicción en las filas del bando nacional. Buen número de catalanes acogió con entusiasmo a las tropas de Franco en Barcelona, en enero de 1939. Entre los vencedores, hay intelectuales y artistas catalanes prestigiosos como Josep Pla, Eugenio d´Ors, Salvador Dalí, José María Sert, Fernando Valls Taberner o Martín de Riquer. Durante los primeros años del régimen franquista, la lengua catalana es reprimida y combatida como “vehículo del separatismo”. Pero a partir de 1944-1950 una cierta liberalización cultural permite la enseñanza de la filología catalana, la publicación de libros y las representaciones teatrales en catalán. Cataluña será una de las regiones que se beneficiará más del “milagro económico español” de los años 1959-1973.
En 1978, la Constitución de la España democrática generaliza el principio autonómico. Se crean diecisiete comunidades autónomas (más dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla). Cataluña es definida como “nacionalidad” y el catalán es declarado oficial al mismo nivel que el español. Durante veintiocho años (de 1980 a 2003 y de 2010 a 2015) Cataluña tiene gobiernos de los nacionalistas de CiU, una federación de partidos cuya ideología es liberal y demócrata-cristiana. Una coalición de izquierdas (PSC, Iniciativa per Catalunya Verds y nacionalistas de Esquerra Republicana) conseguirá el poder durante siete años solamente.
Durante las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, en septiembre de 2015, las dos coaliciones independentistas que apoyan el proceso de secesión de España y que reivindican también la Cataluña francesa, Junts pel sí y la CUP, obtienen la mayoría de escaños (respectivamente 62 y 10 sobre un total de 135). El nacionalismo radical es hoy, sin ninguna duda, la fuerza política hegemónica de Cataluña. Pero en el futuro tendrán que gestionar el aumento constante del número de inmigrantes extranjeros (15% de la población, en particular de origen africano) y la presencia mayoritaria de castellano-parlantes (57% de la población).
¿Cataluña con o sin España? La respuesta pertenece teóricamente al conjunto del pueblo español, y no solo al pueblo catalán. La Constitución española reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y de las regiones, pero apuntilla que “tiene como fundamento la unidad indisoluble de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Fuera de la revolución, la única vía posible para la autodeterminación es: Primero, que el Parlamento catalán proponga a las Cortes Generales una reforma de la Constitución y, segundo, que el pueblo español se pronuncie democráticamente en última instancia.
Dicho esto, en la práctica y por voluntad de la clase política española, la respuesta depende también en buena medida de lo que digan las autoridades de la Unión Europea. “Los kosovares nos han enseñado el camino a seguir”, repiten incansablemente los independentistas catalanes. Les gusta también compararse a los irlandeses reprimidos por los británicos. Pero, ironías de la Historia, la cuestión es que los catalanes no han sido nunca víctimas de un Estado jacobino centralista y represivo, como suelen decir, ni tampoco “robados y condenados a pagar por el resto de España”. Antes al contrario, Cataluña siempre ha sido una de las regiones más privilegiadas de España. En cuanto a la comparación que les gusta hacer a los independentistas catalanes entre, por un lado, los neoliberales españoles (conservadores liberales del PP y socio-liberales del PSOE), todos mundialistas, atlantistas, multiculturalistas y eurófilos y, por otro lado, los “liberales jacobinos” y los “franquistas/fascistas” de antaño, eso es una gran patraña.
Conviene recordar -o aprender- nuestra Historia. Pensamos que la conocemos, pero, ¿realmente, es así? Este gran texto es una ayuda: no conviene dar nada por supuesto; tampoco la Historia.
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