De la mano del gobierno frankestein ha regresado al debate la necesidad según las izquierdas de aumentar la presión fiscal con objetivo de financiar un aumento del gasto “social” cuyo objetivo último sería mejorar el “estado del bienestar”. Sin embargo, aunque la demagogia tiene mucho peso, la realidad al final es apabullante y los ciudadanos, cada vez más reflexivos y formados se van dando cuenta de sus falacias (otra cosa es que a pesar de ello haya gente que continúe votándoles).
Para empezar, nunca las subidas de IRPF las pagan los más ricos o solo los más ricos, las subidas acaban afectando si o si a la clase media mientras que buena parte de la clase más adinerada tiene la capacidad que no tenemos los curritos de esconder rentas y patrimonios a través de sociedades y SICAVs (por cierto, las SICAV fueron un invento del PSOE de Felipe González). Por lo tanto, es probable que los pocos declarantes de rentas superiores a 150.000 euros que quedan paguen más impuestos, pero también es más que probable que rentas de a partir de 20.000 euros brutos al año también acaben pagando más impuestos.
Si aumentar la presión fiscal no beneficia a las clases medias, las empresas e inversores también tomarán decisiones empresariales en función de la carga fiscal, de manera que si en países de nuestro entorno, es decir, Europa y norte de África, existen estados con menor presión fiscal, las compañías que puedan tenderán a trasladar en el mejor de los casos la sede social y en el peor toda la compañía. Un ejemplo es Irlanda, país de la UE con un Impuesto sobre Sociedades ridículo y que grandes compañías multinacionales están utilizando para pagar menos tributos. Si bien es verdad que hay que combatir los paraísos fiscales (que ni por la derecha ni por la izquierda se aborda de verdad), mientras tengamos el sistema que tenemos no queda otra que no sobrepasar ciertos límites de presión fiscal, en caso contrario, no deberíamos haber apostado por una apertura tan amplia y tan fuerte en un mercado globalizado tan inestable, desajustado e injusto.
En cuanto al gasto social, muchos nos harán creer que pagamos muchos impuestos pero a cambio recibimos unos magníficos servicios públicos, cosa que en parte es verdad. No tenemos mala sanidad, algunas ayudas para personas y colectivos desfavorecidos, infraestructuras y una seguridad en nuestras calles bastante aceptable. Sin embargo no nos engañemos, existe una parte del gasto social como son las becas o la política de vivienda que para poder acogerte a una ayuda te requieren salarios de miseria, lo que hace a la larga que se beneficien personas muy humildes pero también muy adineradas, mientras que personas con sueldos de 800 o 1.000 euros tienen que ver como se quedan fuera.
Un ejemplo lo tenemos con la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, señora Barcos, cuya adinerada familia declaraba poco y consiguieron suculentas becas para estudiar en la Universidad de Navarra (ver capítulo dedicado a la familia Barcos del libro “Cuatripartito Kanpora”, recientemente editado por Azpilicueta Center). Hay una bolsa enorme de fraude en las ayudas donde profesionales liberales y empresarios declaran poco y reciben ayudas que deberían ir a las clases medias, las actuales pagan impuestos y reciben lo justo y tienen que ver como muchas personas adineradas disfrutan de beneficios sociales que a un mileurista se le niega.
Por otro lado, existe una serie de colectivos “garrapata” que están enganchados a los presupuestos, y bajo la mascarada ideológica y social viven de nuestros recursos. ONGs, Asociaciones variopintas, personal funcionario o contratado de ámbitos como la cultura o igualdad (ideología de género) viven de nuestros recursos y encima pretenden ideologizarnos e imponernos una serie de ideologías dominantes y “políticamente correctas”. Un ejemplo lo tenemos con plazas de “Técnicos de Igualdad” que están empezando a brotar como champiñones en gobiernos autonómicos y entes locales. El agraciado o más bien, agraciadas (porque suelen ocupar las plazas mayoritariamente mujeres) ocupan plazas de nivel A o B y su cometido es ejercer de policía política de los poderosísimos lobbies del LGTB o feminismo radical.
Es el claro y típico ejemplo de gasto social inútil para cuyo mantenimiento es necesario que nos abrasen a impuestos pero que no redunda en ningún beneficio real de la inmensa mayoría. Otro ejemplo lo tenemos con la excavación de fosas, la retirada de placas y las subvenciones de las asociaciones de determinada “memoria” histórica.
Si bien no se trata de un análisis profundo ni lleno de datos, con las reflexiones apuntadas podemos percibir que la subida de impuestos y de gasto social no necesariamente tiene que beneficiar a las clases bajas ni medias, como el gasto social redunde en un mayor bienestar ciudadano. Lo que está claro es que la presión fiscal tiene que estar muy bien medida, deben articularse medidas que realmente hagan efectiva la lucha contra el fraude fiscal y el fraude en las ayudas, hay que vincular renta con patrimonio (una persona con poca renta y mucho patrimonio no es pobre), se debe producir el levantamiento del velo en las sociedades para evitar que se utilicen sociedades interpuestas para defraudar ayudas o tributar menos.
Pero aparte de las medidas tributarias, los ciudadanos tenemos que exigir que el gasto sea oportuno, no se despilfarre y sobre todo, no se utilice para beneficiar a colectivos que no lo merecen, crear plazas de personal no necesario en las Administraciones Públicas (como los Técnicos de Igualdad) y acabar tanto con el adoctrinamiento en las escuelas como con los trincadores de dinero público de los lobbies ideológicos de la ideología de género y memoria histórica.
hmm
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